Efeverde.- La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias ha presentado una querella por prevaricación y falsedad en documento oficial contra el jefe de la Demarcación de Costas de esa comunidad autónoma hasta este verano, por autorizar una playa artificial en Tauro (Gran Canaria) sin cumplir las condiciones exigidas.
El querellado, José María Hernández, fue destituido de sus funciones en julio, tras conocerse las irregularidades que salpican las obras realizadas por el grupo turístico Anfi para convertir en una playa de arena un tramo rocoso de litoral situado cerca de sus instalaciones en el barranco de Tauro (la primera playa artificial que se construye en Gran Canaria desde hace 25 años).
La Fiscalía pone de manifiesto que fue el propio Ministerio de Medio Ambiente el que le trasladó este verano las presuntas irregularidades cometidas por el entonces jefe de Costas de Canarias, tanto por haber autorizado verbalmente el inicio de las obras sin cumplir las condiciones exigidas, como por haber ocultado los incumplimientos de la empresa en un acta firmada por él.
Condición “taxativa” del Magrama
La querella subraya que la autorización que el Ministerio de Medio Ambiente había concedido en octubre de 2015 al grupo Anfi Tauro para ocupar 11.200 metros cuadrados de terrenos de dominio público en ese tramo de la costa de Mogán y convertirlos en una playa de arena tenía una condición “taxativa”, que debía cumplirse antes de empezar las obras: que la empresa cediera a favor del dominio público (es decir, del Estado) 3.683 m2 de su propiedad.
Esa cesión de suelo en favor del litoral público, remarca la acusación, fue además “decisiva” para que Anfi Tauro obtuviera el permiso, en lugar de conseguirlo la otra empresa que se había interesado formalmente por obtener una concesión en esa zona.
En febrero de este año, Anfi Tauro trasladó a ese punto de la costa las máquinas con las que pretendía cubrir con 70.000 toneladas de arena esa zona, sin haber cedido con carácter previo el suelo comprometido, algo que fue advertido por escrito al acusado por parte de un ingeniero de la propia Demarcación de Costas, que se negó a permitir el inicio de las obras hasta que se solventaran esa y otras irregularidades.
Pese a esa advertencia, dice el fiscal, el entonces jefe de Costas de Canarias autorizó verbalmente los trabajos y las máquinas de Anfi Tauro transformaron definitivamente esa zona en un arenal.
El ingeniero que advirtió de las irregularidades puso los hechos en conocimiento del Ministerio, lo que motivó que la subdirectora general de Costas se desplazara a Gran Canaria ese mismo mes y comprobase las irregularidades existentes: el suelo comprometido no solo no había sido cedido ya al Estado, sino que no pertenecía formalmente a la empresa, porque formaba parte de una finca más extensa sujeta a cargas, con más propietarios y en la que había incluso viviendas habitadas y otros inmuebles.
Prevaricación y falsedad de documento oficial
La Fiscalía sostiene que Hernández prevaricó al autorizar verbalmente esas obras pese a las advertencias de “incumplimientos graves” y luego cometió falsedad, al redactar en abril un acta de replanteo firmada por él como si hubiera sido emitida el mismo día en que comenzaron los trabajos, el 4 de febrero de este año, en la que se daban por solventadas todas las irregularidades.
El Ministerio Público reprocha al acusado el haberse “apartado de forma grosera” del marco legal que regulaba esa concesión y subraya que, a día hoy, con esa zona ya transformada en una playa artificial, las irregularidades detectadas siguen sin haberse solventado.Efeverde
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