Madrid.- La Fundación FUHEM advierte del “grave problema” de la polarización territorial en España, una tendencia en alza que “impide la articulación interna” y acarrea costes sociales y ecológicos, según ha afirmado a EFE el director del área ecosocial de esta entidad sin ánimo de lucro, Santiago Álvarez Cantalapiedra.
La fundación ha publicado este lunes el primer Informe Ecosocial sobre la Calidad de Vida en España, un análisis de los múltiples factores -ambientales y sociales- que contribuyen al bienestar de los ciudadanos e este país, afectados especialmente por aspectos ligados a la alimentación, la movilidad, la vivienda y el urbanismo, señalan.
«Tenemos mucho margen de maniobra si nos centramos en lo fundamental y lo fundamental, al final, es nuestra cotidianidad; es decir, cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, dónde vivimos y cómo nos sentamos en el territorio», recalca Álvarez Cantalapiedra.
El documento trata de hacer una evaluación «desde esa visión de lo que es una vida buena, entendida como elemento que nadie discutiría que se perseguiría en la vida personal de cada individuo”, algo que no tiene tanto que ver con el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, arguye el especialista, sino con «garantizar la salud y la autonomía de las personas».
Los analistas de FUHEM, que trabajaron a partir de fuentes secundarias -pero usaron exclusivamente datos oficiales- detectaron “mejorías en algunos aspectos parciales” de la vida cotidiana de los españoles, si bien destacan que en sostenibilidad “no estamos logrando avances significativos sino más bien retrocesos”.
Por ejemplo, subrayan el creciente desequilibrio territorial fruto de la concentración de la población en la costa y las ciudades -donde reside el 80 % de los ciudadanos-, y que da lugar a un dualismo en el cual, explica Álvarez Cantalapiedra, el mundo rural se especializa en la extracción de recursos y en el vertido de residuos mientras el urbano acapara el dinamismo económico, la acumulación y el consumo.
“Estamos en un proceso de despoblamiento donde hay más de 5.000 municipios de los 8.000 que existen en nuestro país que no tienen ni mil habitantes, y más de la mitad de ellos ni siquiera tienen 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado”, detalla el experto, por lo que cumplen los criterios para que la UE las considere zonas despobladas o en riesgo.
Esta disparidad, explica, “ya está generando costes y conflictos socioecológicos como los que estamos viendo en la España vaciada como consecuencia de los proyectos extractivistas de nuevo cuño que se están tratando de impulsar: o bien por la propia transición ecológica -huertos solares, parques eólicos, etcétera- o bien por el monocultivo agrario y forestal, con un fuerte impacto ambiental, o por las macro granjas y la ganadería intensiva, entre otros”.
En paralelo, Álvarez Cantalapiedra lamenta que «seguimos sin atajar las grandes amenazas a la cohesión social, desigualdad, precarización y pobreza», en un país donde un 27 % de la población se mantiene en riesgo de pobreza y exclusión, precisa.
«Seguimos teniendo buena parte de la población precarizada, de manera que siendo trabajadora sigue siendo pobre, y las desigualdades se han seguido manteniendo con independencia del ciclo económico», abunda.
No obstante, el experto valora que las afirmaciones «no son contundentes» pues «hay elementos que pueden ir mejorando a medida que se establecen determinadas normativas», e identifica entre los avances la reducción de ciertos contaminantes atmosféricos -como los óxidos de azufre, por ejemplo- gracias a la nueva regulación.
Por otro lado, cree que la mayor sensibilización entre la población ha conducido a mejorar la calidad de las aguas, si bien aún hay cifras preocupantes en cuanto a la contaminación de las aguas subterráneas, «afectadas en un 30 % por la sobrecarga de nitratos».
En este sentido, el informe asevera que la carga de nitratos del agua ha aumentado un 51 % entre 2016 y 2019 como consecuencia, en gran parte, de la industrialización e intensificación de la ganadería intensiva. EFEverde
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