Almería.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Junta de Andalucía han coincidido este martes en urgir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a que tome medidas frente al bloqueo político generado en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) respecto a la revisión de la licencia de obras del hotel El Algarrobico.
A pesar de compartir el objetivo final de lograr la demolición del inmueble, ambas administraciones han escenificado en sendos comunicados discrepancias sobre la hoja de ruta jurídica a seguir y sobre el estado actual del procedimiento de expropiación que impulsa el Gobierno central.
Durante la novena reunión telemática de la Comisión Mixta de seguimiento del protocolo para la recuperación de este espacio protegido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, los representantes autonómicos y estatales han constatado la falta de avances tras el pleno municipal del Ayuntamiento de Carboneras celebrado el pasado 17 de junio.
En dicha sesión plenaria, los cinco ediles del grupo socialista y dos concejales no adscritos votaron a favor de aplazar la declaración de nulidad de la licencia urbanística, contraviniendo de manera frontal las directrices judiciales y orgánicas.
Ante este escenario, la Junta de Andalucía ha informado de que sus servicios jurídicos recibieron la semana pasada el encargo de solicitar al TSJA que decrete directamente la nulidad de la licencia.
El Ejecutivo autonómico ha considerado que los reiterados incumplimientos y la excesiva demora por parte del consistorio carbonero hacen totalmente necesario apartar al Ayuntamiento del proceso, y que por tanto sea el Alto Tribunal el que asuma la ejecución de la sentencia para avanzar hacia la restauración del lugar.
Por su parte, el Miteco ha optado por agotar los mecanismos coercitivos previstos en la legislación antes de solicitar dicha ejecución subsidiaria.
El departamento estatal ha comunicado que registró este lunes un escrito ante el tribunal para exigir que se requiera al Ayuntamiento la remisión del acta del pleno en 48 horas, y convocar una nueva sesión plenaria en 72 horas.
Además, ha solicitado que se advierta a la corporación local de la imposición de multas coercitivas y de la deducción de testimonio para exigir posibles responsabilidades penales.
Expediente de expropiación
El desencuentro principal entre ambas partes se produce sobre el expediente de expropiación del hotel. La Junta ha aseverado en su comunicado que el ministerio confirmó la suspensión de este procedimiento hasta que culmine la revisión de la licencia municipal.
Bajo esta premisa, la Administración andaluza ha defendido que su propuesta de anulación judicial directa constituye la única opción viable actualmente. En su opinión, la situación requiere actuar sin más dilaciones.
Sin embargo, el Miteco ha rechazado esta afirmación mediante una nota de prensa posterior y ha subrayado que la expropiación continúa siendo una vía plenamente vigente, ha asegurado que sigue su curso dentro del marco legal establecido y que no ha sido descartada en ningún momento como instrumento disponible para la recuperación del espacio. Ha añadido que empleará todas las herramientas jurídicas necesarias para brindar plenas garantías.
Ambas administraciones han ratificado la plena vigencia del protocolo general de colaboración suscrito en el año 2011. La Junta ha instado al Estado a garantizar la disposición presupuestaria imprescindible para sufragar los cuantiosos gastos de la futura demolición. Asimismo, ha justificado su personación en el proceso expropiatorio ante seis meses sin noticias.
Ambas partes han acordado mantener un contacto fluido en todo momento y se han emplazado a celebrar una nueva reunión de seguimiento cuando la citada licencia municipal quede anulada ya formalmente. EFE Verde
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