EFEverde.- Agentes de la Guardia Civil están desde primera hora de la mañana recogiendo muestras de agua y lodo en el punto de toma de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena), en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente, por un presunto delito ambiental y contra la salud pública.
Fuentes jurídicas cercanas al caso detallaron que esta actuación responde a unas diligencias previas ordenadas por el Fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, dentro de la investigación originada tras una denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón el pasado mes de enero.
La Fiscalía quiere recabar información para determinar si la desalinizadora está tomando agua de una zona de la dársena interior del puerto de Escombreras, en la que puede haber alta presencia de metales pesados, como cadmio, plomo y arsénico.
Los agentes están tomando también muestras en el lodo depositado en el fondo y en el agua cercana al cajón de toma de la planta, en el emisario de salmuera, en la red de distribución y en distintos depósitos de la infraestructura.
Agua para consumo tanto humano como agrícola
El agua marina recogida por la planta, gestionada por empresas del grupo ACS, es tratada para, posteriormente, destinarse a consumo humano y agrícola, principalmente, en el Campo de Cartagena.
El Gobierno regional, que es el arrendatario de esta infraestructura, compra el caudal, hasta un máximo de casi 23 hectómetros cúbicos anuales, para lo cual firmó unos contratos de arrendamiento con las empresas del grupo ACS, que también están siendo investigados en otra causa judicial por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude.
Esta intervención se produce casi un mes después de que agentes de la Benemérita registrasen las oficinas de la planta y el despacho del abogado de la empresa pública Desaladora de Escombreras, así como la concejalía de Urbanismo del ayuntamiento de Cartagena, dónde recabaron los permisos y licencias municipales otorgados a la desaladora.
La investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente
Los objetivos de la investigación son aclarar por qué las empresas del grupo ACS decidieron poner el punto de toma y el salmueroducto en la dársena interior del puerto industrial de Escombreras, así como la actuación de la consejería de Sanidad, responsable de la calidad del agua para consumo, y la de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), que autorizó construir el cajón en esa zona.
En la actualidad, hay tres investigaciones judiciales en curso sobre la gestión, explotación y creación de la desaladora, puesta en marcha en 2009, a lo que hay que sumar la Comisión Especial de Investigación sobre la planta abierta esta legislatura en la Asamblea Regional, y cuyas conclusiones estarán redactadas el próximo mes de septiembre.
Precisamente en esta comisión, el expresidente de la APC, Adrián Ángel Viudes, reconoció que el lugar decidido para la toma no era el más adecuado, y que no prorrogó la concesión al no haber presentado la empresa el proyecto para sacar el cajón de extracción de agua a la zona exterior, algo que sí hizo su sucesor y actual presidente, Alberto Sevilla. EFEverde
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