Avispa, que ha difundido dos fotografías de la cabeza del animal decapitado, ha calificado los hechos de «terrorismo ambiental» y ha pedido la actuación «urgente» de la Fiscalía de Medio Ambiente para la apertura de una investigación encaminada a que «recaiga todo el peso de la ley» sobre sus responsables.
Según esta asocicación, se trata de «imágenes y acciones furtivas totalmente condenables que demuestran la crueldad con las especies no cinegéticas y fauna salvaje por parte de auténticos delincuentes, que únicamente persiguen intereses espurios y crematísticos de particulares en un afán de venganza desmedida y altamente peligrosa, más propia de psicópatas y enfermos mentales que de ciudadanos del mundo rural».
La asociación ha acusado a la administración de «mirar para otro lado» y de jugar a «dos bandas», al pretender «contentar a todas las partes sin aportar, de manera y forma definitiva, una verdadera solución adoptando las medidas necesarias, tanto desde el punto de vista científico como en la persecución de oficio de estos hechos tan lamentables». EFEverde
