La hoja de ruta, presentada hoy por la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro, sólo recoge los llamados sectores difusos (residencial, transportes, agricultura, residuos y gases fluorados), ya que a partir de 2013 las obligaciones de cumplimiento dentro de la Unión Europea se limitan a las no sujetas al sistema de Comercio de Derechos, es decir, las difusas.
43 medidas
El documento analiza los escenarios de emisiones a futuro y su comparación con los objetivos europeos, que en el caso español supone una reducción del 10 % de las emisiones en relación a los niveles de 2005.
Para ello se proponen 43 medidas, algunas ya puestas en marcha y de las cuales solo 2 generan coste; el resto implican inversiones pero al final del periodo arrojan ahorros importantes para «los ciudadanos y para el país», según ha asegurado Magro.
El coche eléctrico y los biocombustibles de segunda generación son los dos elementos que no «daría tiempo amortizar» en esa horquilla de tiempo.
Consensuado con sindicatos, organizaciones empresariales, mundo académico, ONG y resto de ministerios y administraciones, el texto calcula que aplicar dichas acciones tiene beneficios más allá de 2020 con reducciones adicionales de 122 millones de toneladas de CO2 de 2020 a 2030.
En caso de no hacerse nada, España tendría problemas para cumplir con los objetivos europeos, con un superávit sobre lo permitido de alrededor de 55 millones de toneladas de CO2 hasta 2020.
Al precio actual de 5 euros por tonelada de este gas (máximo responsable del calentamiento global), España tendría que desembolsar más de 255 millones de euros en créditos, según los cálculos de Susana Magro, que se ha mostrado confiada en que el país también cumplirá con los objetivos del Protocolo de Kioto.
Sin embargo, «todavía no podemos cantar victoria», ha matizado.
La hoja de ruta de los sectores difusos, que aún debe estudiar el Consejo Asesor de Medio Ambiente y el Consejo Nacional del Clima, estima también que a partir de 2015 volvería a superarse el umbral deseable de emisiones contaminantes debido a la reactivación de la economía.
Ello podría obligar a comprar «otra vez derechos de emisión«, que entre 2008 y 2012 supusieron algo más de 800 millones en ese concepto.
Hay que conseguir desvincular que el crecimiento económico conlleve automáticamente a un aumento de las emisiones y, de hecho, «algunos países lo han logrado», ha precisado.
Acciones en varios sectores
En el sector residencial, el que mayor empleo puede generar, se contemplan acciones que van desde la rehabilitación de viviendas al uso de biomasa en la calefacción, el cambio de ventanas y calderas individuales y la instalación de placas solares en los edificios públicos.
En transportes se apuesta por el fomento del transporte público y del ferrocarril para las mercancías, la movilidad cooperativa (carsharing o carpooling) y adelantar la renovación natural de vehículos ligeros.
Dentro del sector de residuos se aboga por la recogida separada de biorresiduo, la reducción del desperdicio alimentario o el aumento de la recogida separada de papel en el canal municipal. EFEverde
