El caso se refiere a la presunta responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de la Comunidad Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva y la ausencia de recursos adecuados para demandar el amparo de sus derechos.
Proyecto minero
La demanda también señala el establecimiento de un proyecto minero en territorio indígena.
Según la demanda, la comunidad de Agua Caliente no cuenta con un título de propiedad colectiva sobre sus tierras y territorios ancestrales, a pesar de múltiples gestiones realizadas por la comunidad durante más de cuatro décadas.
El líder indígena Roberto Tot dijo a Efe que la comunidad «ha sufrido mucho por la falta de certeza jurídica», pero subrayó que «hemos seguido adelante porque no podemos olvidarnos ni callarnos».
[box type=»shadow» ]»Ahorita hay montañas, nacimientos de agua y recursos naturales y tenemos el temor de que estas empresas (mineras) están derrumbando todo y arruinando la naturaleza», comentó Tot.[/box]
El líder indígena dijo que la comunidad espera una fallo favorable de la Corte Interamericana para «darle un fin a lo que está sufriendo la comunidad».
Mina de níquel a cielo abierto
Agua Caliente es una de las 16 comunidades que han luchado por sacar de sus territorios una mina de níquel a cielo abierto en la localidad guatemalteca de El Estor, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.
«Por primera vez, este caso brinda al Tribunal la oportunidad de pronunciarse sobre si los gobiernos deben actuar para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, como un principio del derecho internacional público», dijo Leonardo Crippa, abogado del Centro de Recursos Jurídicos para los Indígenas y miembro del equipo jurídico demandante.
Estudio del impacto de los proyectos mineros
Los demandantes solicitarán a la Corte Interamericana que ordene al Gobierno guatemalteco la realización de estudios sobre el impacto de los proyectos mineros antes de conceder su aprobación, que pague las costas y los gastos por el retraso de 40 años en la emisión del título colectivo para Agua Caliente, y que proporcione una compensación monetaria por «el daño no pecuniario» que ha causado a la comunidad.
Amenazas contra los defensores ambientales
Los demandantes también pedirán a la Corte Interamericana que ordene al gobierno el pago de una reparación por las continuas amenazas de muerte contra Rodrigo Tot y su familia, y los ataques contra sus hijos Wilfredo y Edin, este último murió baleado.
Tras la audiencia del miércoles, la Corte Interamericana dará un mes a las partes para presentar sus alegatos finales por escrito y dentro de los siguientes meses emitirá una sentencia. EFEverde
