La presentación de un informe que responsabiliza de la muerte de Berta Cáceres a ejecutivos de una empresa hondureña a cargo de una hidroeléctrica -extremo que ha negado la compañía señalada-, a la que la activista se oponía, confirma las denuncias sobre la autoría del crimen hechas desde su muerte por su familia, que exigió castigo para los culpables durante la presentación del documento.
Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la dirigente ambientalista, dijo a Efe que para su familia “no es una sorpresa” lo que señala el informe presentado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
“Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de ese lugar (de la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), siempre hemos pedido una investigación”, señaló la joven, que asistió a la presentación del informe junto a dos de sus hermanas y su abuela, Berta Flores.
Por su parte la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), responsable de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016, negó hoy su responsabilidad en el crimen, como apuntó esta semana un informe internacional. “Agua Zarca está totalmente desvinculado a cualquier acto de violencia y el proyecto actúa en todo momento apegado a lo que establece la ley en Honduras”, indicó la empresa en un comunicado
Berta Zúñiga Cáceres destacó que el informe revela “una evidencia tan clara que demuestra la participación de cada uno y describe el ‘modus operandi’ de directivos de la empresa articulados con funcionarios del Estado” en el crimen de su madre. Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cargo que ahora ocupa su hija Berta, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, no de gravedad.
El informe, titulado “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres”, señala que el crimen “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia” de Cáceres y miembros del Copinh. Los empleados de DESA actuaron en “alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)”, añade.
La hija de Cáceres dijo que espera que las autoridades hondureñas procedan con “la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales” porque, según el informe internacional, “hay suficiente pruebas para hacer ya mismo detenciones”.
Destacó que su familia ha reclamado “la responsabilidad” del Estado hondureño por no haber protegido a su madre, quien gozaba desde 2009 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de haber denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de una hidroeléctrica.
“Hemos reclamado la responsabilidad del Estado por el deber de protección, ella tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se ejecutará el crimen”, subrayó.
El Ministerio Público de Honduras “no ha tenido la voluntad de hacer justicia completa y, por contrario, ha tratado de encubrir a los poderosos involucrados”, dijo en su discurso Berta Flores, madre de Cáceres. Denunció que el poder político de su país “interfiere para proteger la autoría intelectual de este repudiable crimen”, y exigió que “se capture y castigue con todo el peso de la ley a los asesinos de mi hija”.
El crimen de Cáceres no es un hecho “casual”, sino el resultado de una “planificación” de ejecutivos de DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, dijo el abogado guatemalteco Miguel Ángel Urbina, miembro de GAIPE. Hasta ahora hay ocho personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto. Urbina indicó que, según el análisis de GAIPE, uno de los detenidos, identificado como Emerson Duarte, a quien las autoridades le decomisaron un revólver con el que habría sido asesinada la ambientalista, “no tiene ninguna vinculación” con el crimen.
El GAIPE considera que la investigación realizada hasta ahora por el Ministerio Público ha sido “insuficiente e incompleta”, pues “aún falta identificar la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato”. “Es más, a la luz de lo observado en las audiencias y de la información que consta en el expediente judicial, surgen varias preocupaciones que podrían provocar que el proceso de búsqueda de verdad y justicia corra un elevado riesgo de tornarse infructuoso”, destaca el documento.
Hidroeléctrica rechaza acusación
La empresa hondureña responsable de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016, negó hoy su responsabilidad en el crimen, como apuntó esta semana un informe internacional. “Agua Zarca está totalmente desvinculado a cualquier acto de violencia y el proyecto actúa en todo momento apegado a lo que establece la ley en Honduras”, indicó la empresa en un comunicado.
Señaló que, prueba de ello, es una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declaró “sin lugar una demanda de inconstitucionalidad” presentada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas del país (Copinh) contra Agua Zarca.
DESA aseguró que el documento de GAIPE “contiene falsas y malintencionadas interpretaciones provenientes de ciertas conversaciones que han sido totalmente sacadas de contexto” para “desprestigiar un proyecto de desarrollo y generación de empleo que en todo momento respeta lo que establece la ley en Honduras”.
La empresa hondureña afirmó que el documento, según DESA, “financiado por (el) Copinh” establece “pruebas contundentes de la violencia con la cual actúa esta organización, donde se comprueba la existencia de invasiones y agresiones que ponen en riesgo la vida de quienes cuentan con una fuente de empleo en la zona y sus familias, en una clara campaña en contra del desarrollo de los pueblos”. Destaca que Agua Zarca “actúa siempre apegado a la ley y a la institucionalidad”, y afirma que el proyecto “jamás ha sido ampliado”.
Hasta ahora hay ocho personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto. EFE-Honduras
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