El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales teme que los planes de defensa contra incendios y de restauración hidrológica forestal sean elaborados por personas sin una adecuada formación, caso de salir adelante la nueva la ley de montes en sus actuales términos.
La iniciativa del Gobierno está en tramitación parlamentaria en el Senado, tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados con los únicos votos a favor de Convergencia i Unió y el Partido Popular.
“Hoy por hoy, el proyecto prevé que los planes de ordenación de los recursos forestales y los planes técnicos sólo los pueden hacer los titulados forestales universitarios (que incluyen también a los ingenieros de montes y los nuevos grados de Bolonia de esta familia profesional)”, afirma a EFE el secretario general del Colegio Oficial de Técnicos, Raúl de la Calle.
Sin embargo, “no exige una titulación universitaria para elaborar los planes de defensa contra incendios y los de restauración hidrológica-forestal (prevención de ríadas, avenidas, calidad de las aguas etc)”.
Las comunidades autónomas serán las responsables de establecer unos requisitos mínimos, pero “si la normativa básica no los prevé puede ocurrir que las personas que llevan las direcciones técnicas de incendios no tengan una formación adecuada”.
Paradójicamente, ha señalado el secretario del Colegio Oficial de Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, constituía una enmienda que “nos copió en 2006 el PP cuando estaba en la oposición y ahora omite lo que ellos propusieron”.
Es necesario, ha insistido, en que la dirección de incendios recaiga en un profesional forestal: “no vale cualquiera y no vale un cursillo de diez horas”.
La petición es que “al menos” tengan una formación básica universitaria que el Estado está creando, con catorce universidades que imparten este tipo de enseñanza.
En España, ha recordado De la Calle, existe abundante normativa con este tipo de reservas de actividad profesional, que van desde médicos a arquitectos e ingenieros de telecomunicaciones.
“A nadie se le ocurre pedirle a un ingeniero que le haga una intervención quirúrgica, ni a un arquitecto que haga un proyecto de restauración hidrológica forestal. Ninguna compañía de seguros del mundo se haría cargo de las consecuencias de estas actuaciones y el ciudadano quedaría desprotegido”.
Por último, ha solicitado una adecuada fiscalidad para atraer inversiones al sector, algo que en su opinión no contempla el proyecto legislativo. EFE