Sevilla.- La multinacional minera sueca Boliden no tendrá que pagar los casi 90 millones de euros que le reclamaba la Junta de Andalucía por la limpieza del vertido tóxico de 62 kilómetros provocado por la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, según la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y que desestima la reclamación de la Junta, concluye que no existe una «concreta cobertura que asegurara el riesgo cuyo coste ha asumido la actora (la Junta), esto es, la obligación de restaurar las cosas al estado en que se encontraban en el momento en que resultaron afectadas por la actividad».
En el juicio, que se desarrolló durante cuatro jornadas en un juzgado de lo Civil, la Junta de Andalucía invocó el principio de «quien contamina paga», mientras la defensa de Boliden, que cerró sus filiales en España, alegó que la empresa no tenía la obligación de restablecer la situación de los terrenos afectados a su estado anterior.
En la sentencia, que se puede recurrir, el juez José Manuel Martínez Borrego subraya que cuando se produjo el vertido tóxico, que llegó a las inmediaciones de Doñana, «en España existían algunos regímenes sectoriales que establecían una responsabilidad civil objetiva», como la energía nuclear, la navegación aérea, la circulación de vehículos a motor y productos y servicios defectuosos.
Esa responsabilidad objetiva, sin embargo, no existía «en el ámbito considerado por la Ley de Minas y, en particular, por el artículo 81 de la misma (o, al menos, ninguna cita doctrinal o jurisprudencial ha sido invocada en sentido diferente)», precisa el juez.
Además, insiste el magistrado, ni el Libro Verde de la Comisión Europea sobre reparación del daño ecológico, aprobado en 1993, ni el Libro Blanco de responsabilidad ambiental del año 2000 «tienen carácter normativo directamente vinculante» para la reclamación de la Junta, condenada a pagar las costas, ni sirven de «sustento jurídico».
En el prefacio del Libro Blanco se hace una expresa mención a que el vertido tóxico es un ejemplo del «incidente que debe llevar a un cambio normativo que permita imputar al causante el deber de reparar el daños ambiental (pues, hasta entonces, ese deber no existía)», recuerda la resolución judicial.
Un Real Decreto de 1982 sobre restauración de un espacio natural afectado por actividades mineras tampoco sirve para sustentar la demanda de la Junta porque esa normativa «no impone al titular de la actividad una obligación de reposición o restauración», añade el juez.
Rotura de la balsa
La rotura de la balsa provocó el vertido de aguas y lodos con un alto potencial contaminante al río Agrio, del que pasó al río Guadiamar, situado dentro de la zona de preparque de Doñana, y produciéndose el desbordamiento de ambos ríos.
El vertido tóxico anegó las tierras colindantes a sus cauces y afectó a los cultivos y vegetación de sus márgenes en un tramo de 62 kilómetros de longitud con una anchura entre 500 metros y un kilómetro desde la mina hasta el tramo final de la marisma de Entremuros, en el límite con el Parque Nacional de Doñana, que se extendió en una superficie de 4.634 hectáreas.
El principio invocado por la Junta de que «quien contamina paga» no se desarrolló normativamente hasta 2004 con una directiva comunitaria, que estableció obligaciones a particulares en casos como el vertido de Aznalcóllar, añade la sentencia.
La empresa explotadora de la mina defendió que eran suficientes los 100 millones de pesetas (600.000 euros) que aportó para los trabajos de restauración medioambiental de la zona y reprochó a la Junta » que muchos de los gastos que reclama van más allá» de esa labor y además no estaban justificados.
La empresa también dijo que su implicación en un primer momento en la restauración de la zona la hacían «como muestra de interés y aportación de medios para ayudar a la retirada de lodos, sin que implique la asunción de reconocimiento de ningún tipo de responsabilidad «.
La limpieza del Tramo Norte fue asumida por la empresa Boliden Apirsa, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encargó de la limpieza del cauce la ribera, una franja de 30 metros a cada margen del cauce, y la Consejería de Agricultura y Pesca se encargó del resto de los terrenos del tramo Sur y de Entremuros, apuntó la empresa minera antes de insistir en que todo ello lo hacía sin asumir ninguna culpabilidad.
Ecologistas reclaman el endurecimiento de penas y la tipificación del ecocidio como delito
Las organizaciones ecologistas han mostrado su malestar y sorpresa ante el fallo de un juzgado de Sevilla que exime a la empresa Boliden de pagar los casi 90 millones de euros que le reclamaba la Junta de Andalucía para las labores de limpieza de los casi seis millones de metros cúbicos de vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
Portavoces de Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción consultados por EFE han coincidido en que la empresa Boliden «sale favorecida» con el fallo del juez del Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, tras no cumplir con las labores de limpieza que le exigía la Junta de Andalucía tras y además haberse «beneficiado del cobro de subvenciones».
Pérdidas y daños
La portavoz en temas de minería de Greenpeace, María José Cabello, ha señalado que el fallo, que se puede recurrir, deja al medioambiente y a la sociedad «completamente vendida ante las grandes empresas».
La Junta hasta ahora sólo ha reclamado el dinero de la limpieza, pero «nadie ha hablado de los 5.000 empleos y los 11.000 millones de euros que se perdieron», según Cabello, quien ha subrayado que «si la justicia ni siquiera considera que las administraciones tienen el derecho a recuperar lo que han empleado en limpiar lo que destrozan las empresas, se ve, una vez más, que son las grandes empresas las que se salen con la con la suya».
Cabello ha explicado que «Boliden había hecho una serie de promesas» y ahora no está obligada a cumplirlas a pesar de que han pasado 25 años de la catástrofe que inundó más de 60 kilómetros de vertidos tóxicos, además «ha cobrado subvenciones».
Legislación laxa
El portavoz de WWF Juanjo Carmona ha señalado que antes del juicio ya advirtió que esto «era lo más probable que sucediera», porque «la legislación en su momento no obligaba a asumir determinados riesgos y se puede decir que la situación sigue igual», porque «los ganadores del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar han vuelto a crear una empresa instrumental».
Carmona ha explicado que «la empresa no invirtió en seguridad en su momento» y las administraciones archivaron las diferentes denuncias, por lo que «las consecuencias son las que se están viendo».
Ha incidido en que en España no sólo «quien contamina no paga, si no que salió (Boliden) favorecida en el cierre, y han sido los ciudadanos los que han pagado esto con su bolsillo».
Ha asegurado que se pueden dar otros accidentes similares al de Aznalcóllar y las administraciones «igual que en su momento, dan palabras bonitas, pero poca seguridad y permiten que las empresas sigan haciendo las mismas operaciones, las mismas empresas pantalla que hacían en el mundo de la minería».
El portavoz de Ecologistas en Acción, Cristóbal López Pazo, ha subrayado que Boliden «elude pagar» por su responsabilidad en el desastre ecológico de Aznalcóllar «gracias a la laxa legislación española respecto a la protección del medioambiente y sobre todo gracias al entramado societario del que se dotó Boliden para evitar pagar indemnizaciones o sanciones mediante la quiebra de la empresa pantalla Boliden Apirsa».
Empresas eluden el pago de sanciones e indemnizaciones
Una vez más, ha subrayado, «la industria minera elude la Justicia con mayúsculas y se libra de pagar sanciones e indemnizaciones, gracias al entramado societario», algo que, según el portavoz de Ecologistas, «no hubiera ocurrido si la administración andaluza no hubiera permitido el recrecimiento de la balsa y hubiera realzado medidas de control».
Las ongs han advertido de que la Junta «favorece la reapertura de la mina».
Y desde Ecologistas en Acción alertan de que el mismo modo de operar «lo está llevando a cabo actualmente la minera internacional Grupo México, que pretende reabrir la mina de Los Frailes en Aznalcóllar «utilizando también un conglomerado de empresas, a través de la sociedad pantalla española Minera Los Frailes, participada en un 97 % por Grupo México».
Según López Pazo, en el juicio se ha concretado que el conglomerado Boliden «recibió 67 millones de euros de indemnizaciones de compañías de seguros, dinero que no revirtió en la descontaminación».
Maite Mompó, directora de la campaña en España de Stopecocidio, explica que la contaminación supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de elementos «tan tóxicos como zinc, plomo y azufre y aguas contaminadas que terminaron en el río Guadiamar, que llega hasta Doñana, provocando un daño muy extenso y duradero en el tiempo, con lo cual entra en la categoría de lo que se considera un ecocidio».
Este es «un claro ejemplo de la necesidad de tipificación del ecocidio en el Código Penal español», especialmente para «prevenir a las empresas para que no se puedan producir estos daños tan graves en el medioambiente».
Los ecologistas han alertado además de la «posible catástrofe» con la mina de Río Tinto «que puede superar incluso a la de Boliden», según la representante de Greenpeace. EFEverde
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