La Comisión Europea (CE) abrió hoy una consulta pública sobre las lagunas existentes en la legislación europea respecto a las normas internacionales para el control de los efectos del mercurio sobre la salud y el medioambiente, y la reducción de su uso.
El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que, en concreto, las partes interesadas podrán pronunciarse sobre la ratificación y la aplicación de la Convención de Minamata sobre el mercurio, que fue firmada en octubre de 2013 por la CE en nombre de los Veintiocho.
La Comisión subrayó que el tratado busca proteger la salud humana y el medioambiente contra los efectos adversos del mercurio y eliminar de manera escalonada varios de los usos que actualmente se dan a este elemento altamente tóxico.
El mercurio se utiliza para fabricar productos cotidianos como los termómetros, las baterías o las bombillas, y también en la fabricación de plásticos, recordó la CE.
Además, se emite involuntariamente a través de la quema de combustibles fósiles, en especial en el caso de las plantas eléctricas de carbón, de manera que en torno a la mitad del mercurio liberado en la actualidad a la atmósfera proviene de la actividad humana.
La Convención de Minamata contiene medidas similares o iguales a las que ya existían en la legislación comunitaria, según la Comisión, que afirmó que la Unión Europea (UE) aún “necesitará algunas medidas adicionales” y modificar su normativa en consecuencia.
El Ejecutivo comunitario considera que hay lagunas en la legislación comunitaria respecto a la Convención en varias áreas, entre ellas las restricciones a la importación de mercurio metálico de países que no forman parte del acuerdo y la prohibición de la exportación para determinados productos que contienen mercurio.
También observa carencias en el uso del mercurio en productos y procesos aún no introducidos en el mercado, en las restricciones a ciertos procesos en los que se utiliza el mercurio y en el uso del mercurio de forma artesanal y a pequeña escala en la minería de oro.
Por ello, la consulta pública, que estará abierta hasta el 14 de noviembre, pide a los ciudadanos, autoridades públicas, empresas y ONG su punto de vista sobre estas cuestiones y otras relacionadas con la Convención y la legislación comunitaria.
Los resultados de la consulta servirán a la Comisión Europea para la preparación de “un paquete de ratificación” del Convenio.
