Madrid, 21 sep (EFEverde).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional tramita diligencias preprocesales sobre responsabilidad medioambiental en el deterioro de espacio natural protegido de Doñana por la extracción de aguas subterráneas, explica en un comunicado.
En concreto, se hace para determinar la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea del espacio natural protegido de Doñana, con afectación a los tipos de hábitats protegidos situados en la zona protegida.
Entre estos espacios detalla las Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) «Doñana Norte y Oeste» y «Dehesa del Estero y Montes de Moguer»,
Las diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos.
El decreto de apertura de diligencias esta firmado por el fiscal jefe Jesús Alonso y las diligencias se realiza en coordinación con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, consistentes en oficios al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la reclamación a diferentes organismos, de informes periciales sobre los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales.
Ecologistas en Acción considera que la apertura de diligencias «tenía que haber llegado hace años, pero nunca es tarde para hacer cumplir la ley».
Según informó ayer la Fiscalía, esta actuación pretende determinar la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea del espacio natural protegido de Doñana, con afectación a los tipos de hábitats situados en la zona protegida.
En declaraciones a EFE, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha precisado que «hay conocimiento del estado de sobre explotación del acuífero de Doñana mínimo desde los años 90».
Ha recordado que «la primera advertencia la dio una comisión de expertos en el año 1992 y en el 2004 el Plan de Ordenación Territorial de Ámbito de Doñana (POTAD) ya instaba a declarar el acuífero sobreexplotado y no se ha declarado hasta el año 2020, es decir, 16 años después».
Romero ha destacado que en Doñana «ha existido en esta materia un incumplimiento sistemático de la ley y una dejación de funciones y de responsabilidades» y ahora «nos encontramos ante una situación muy compleja y con una naturaleza muy conflictiva».
«De aplicar la ley estrictamente la mitad de la explotaciones agrícolas de regadío o cierran o se reconvierten al secano; se están sacando actualmente más de 105 hectómetros cúbicos de agua cuando la recomendaciones hablan de no superar los 50», ha señalado.
Entiende que hay que recordar que «la conservación de Doñana tiene un interés público superior y que tiene que prevalecer por cualquier actividad pero también hay que contar con el ecosistema social». EFE
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