El proyecto, que se debatirá y someterá a votación en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es rechazado por casi toda la oposición por «mercantilista», y poco protector del medio ambiente y de las competencias autonómicas.
El Gobierno ha aprovechado esta ley para introducir por la vía de enmiendas el reciente acuerdo sobre el trasvase del Tajo, que establece un máximo de 600 hectómetros cúbicos anuales de agua transferible a la cuenca del Segura y de 50 hm3 a la del Guadiana, una cantidad que todos los meses será evaluada.
El acuerdo firmado por el Gobierno y las cinco comunidades autónomas ribereñas del Tajo: Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Comunitat Valenciana y Murcia, persigue garantizar las necesidades de las cuencas cedentes y receptoras así como impedir el trasvase de agua si la reserva es menor a los 400 hm3, en vez de los 240 actuales.
La nueva ley de evaluación ambiental persigue, según el Ejecutivo, reforzar la protección ambiental, simplificar y agilizar los procedimientos y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional.
La norma, controlará, ente otros, los impactos ambientales de extracción de hidrocarburos mediante la polémica técnica de fractura hidráulica.
El texto que regula el análisis de viabilidad de un proyecto de acuerdo a sus impactos ambientales reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media de la actualidad.
Otra novedad de la ley es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático, y crea un nuevo instrumento llamado «bancos de conservación de la naturaleza» para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de los valores naturales.
Además se tipifica expresamente infracciones como el «bunkering»o suministro de combustible de barco a barco, en alta mar.EFEverde
