Una nota conjunta de Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF y SEO/Birdlife afirma que este proyecto niega a las oenegés de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONG de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de víctimas del terrorismo.
«El derecho de la sociedad al medio ambiente, reconocido por la Constitución y las directivas europeas, queda en entredicho».
Si el Parlamento no enmienda el proyecto, añade el comunicado, las ONG denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental.
La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, impulsada por Ruiz-Gallardón, se presentó en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero.
Recuerdan, por otro lado, que las ONG ambientales defienden un derecho fundamental como es el «derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado», reconocido en el artículo 45 de la Constitución y amparado por las directivas europeas y el Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2005.
«Las normas internacionales obligan a que haya un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONG ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales».
Sin embargo, el proyecto de ley «dificulta a las ONG ambientales el poder beneficiarse de la gratuidad de la Justicia».
En cambio, «sí introduce modificaciones para que las asociaciones de consumidores y de víctimas del terrorismo puedan acceder a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de ingresos, introduciendo en este caso una discriminación de difícil justificación respecto a las organizaciones ambientales».
La reforma de Ruiz-Gallardón incorpora, además, nuevas trabas a la defensa del medio ambiente.
Así, la propuesta es que a partir del tercer caso anual haya que demostrar que no se está abusando del beneficio de justicia gratuita, «lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y supone un absurdo para las ONG ambientales, sobre todo las de ámbito nacional, que velan por el respeto a las normas ambientales y tienen que actuar ante los tribunales en numerosas ocasiones».
Además exige el requisito de que el representante legal de la ONG tenga que ratificar personalmente cada recurso que se interponga y obliga a acreditar de nuevo la insuficiencia de recursos en caso de condena en costas.
En definitiva, se introducen «demasiadas incertidumbres y hace que el proceso judicial sea excesivamente oneroso, e incluso injusto y poco equitativo para las ONG ambientales, grandes o pequeñas, que en su gran mayoría no tienen ánimo de lucro, defienden fines de interés general y emplean sus recursos en defender un interés colectivo o difuso como es el medioambiental».
Las ONG ambientales esperan que el debate parlamentario sirva para corregir el texto presentado. EFE
msr
