Madrid.- Los grupos ecologistas que denunciaron al Gobierno por su inacción climática celebran un nuevo avance: el primer litigio climático de la historia de España queda visto para sentencia y el fallo del Tribunal Supremo el 27 de junio podría obligar al país a elevar su objetivo de reducción de emisiones.
Falta de ambición climática
El proceso judicial, fruto de una demanda interpuesta hace tres años por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón -a la que posteriormente se sumaron el colectivo Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo – contra la inactividad del Gobierno frente a la emergencia climática.
Denunciaron que la Administración había incumplido la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, de aprobar antes de 2020 un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) -que se aprobó en marzo de 2021- y una Estrategia a Largo Plazo (ELP)”, recuerdan los ecologistas.
En junio de 2021, las organizaciones demandantes presentaron un nuevo recurso contra el contenido del PNIEC, en el que denunciaban “la falta de ambición y el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Acuerdo de París”, puesto que el plan del Gobierno prevé una reducción de las emisiones para 2030 del 23 %.
“El próximo 27 de junio la justicia tiene una oportunidad histórica de dar un paso de gigante en la lucha contra el cambio climático y situar a España a la altura de las democracias más avanzadas de Europa que ya cuentan con sentencias condenatorias de los gobiernos que les obligan a incrementar su ambición en la lucha contra el cambio climático”, ha explicado en declaraciones a los medios la abogada de Greenpeace Lorena Ruiz-Huerta.
Elevar la reducción de emisiones para 2030
De fallar en favor de los ecologistas, el Tribunal Supremo podría obligar a España a elevar su objetivo de reducción de emisiones para el año 2030 hasta el 55 % solicitado por las organizaciones demandantes sobre la base de los informes del IPCC, el grupo de especialistas climáticos de la ONU.
Esto supondría “aliviar los graves impactos del cambio climático que ya se están sintiendo en nuestro país y también permitir que las generaciones futuras hereden un planeta en el que puedan desarrollar una vida digna”, ha agregado Ruiz-Huerta, para sentenciar que esta victoria es importante porque “nos va la vida en ello”.
“Cuando ni las advertencias científicas, ni el activismo ecologista, ni la participación en procedimientos reglados se plasman en unos objetivos climáticos suficientes, es el momento de acudir a los tribunales para que obliguen al Gobierno a cumplir sus compromisos”, ha alegado por su parte el abogado de Ecologistas en Acción Jaime Doreste.
El jurista espera un fallo a favor de los demandantes que sirva para elevar esos objetivos y, así, “garantizar el derecho al medio ambiente adecuado pero también una larga serie de derechos fundamentales a las generaciones presentes y sobre todo las futuras”. EFEverde
