Autor: Miquel Ortega Cerdá
El próximo 6 de febrero el Parlamento Europeo realizará la votación más importante de su historia en el ámbito de la pesca. Una votación a lo grande: deberá posicionarse sobre cómo debe ser la regulación europea de la pesca para los próximos 10 años. ¡Todo un reto!. Y deberá dar respuestas a preguntas tan fundamentales como ¿cuánto se puede pescar? ¿quién puede pescar? o ¿cómo y quién toma las decisiones sobre la pesca?.
La votación tendrá lugar como una parte central del proceso de reforma de la llamada “política pesquera común” en la que el Parlamento tiene, por primera vez, tanto peso como el Consejo de Ministros de la Unión Europea (en el que están representados los diferentes gobiernos estatales) y no es una entidad de carácter consultivo.
Los retos son de primera magnitud: de los stocks atlánticos sobre los que se dispone información en más del 50% de los casos están sobreexplotados, una cifra que casi llega al 90% en el caso del Mediterráneo; el sector pesquero europeo tiene segmentos de la flota en una situación económica insostenible; y se pierden una media del 3% de los puestos de trabajo cada año. Pero lo cierto es que estos retos no son nuevos, se arrastran ya desde hace una década, cuanto menos.
Sin duda, la novedad principal en esta reforma es la creciente sensibilidad ciudadana que se está movilizando para exigir un cambio de rumbo a las políticas existentes, aunque sea a coste de enfrentarse a algunos actores que defienden por encima de todo el status quo. Esta creciente sensibilidad ha favorecido que la discusión sobre la política pesquera haya cruzado por primera vez las estrictas barreras de los segmentos de los sectores pesqueros más acostumbrados a negociar con el poder en despachos sin luz ni taquígrafos. Las principales organizaciones ecologistas, junto a organizaciones de consumidores, segmentos de pescadores que habían sido ignorados hasta el momento, distribuidores, organizaciones científicas, productores, comercializadores, y numerosos ciudadanos han impulsado nuevas propuestas a la arena política y multitud de iniciativas apoyadas literalmente por cientos de miles de firmas y centenares de actos públicos.
Los resultados de este nuevo impulso ciudadano se están empezando a sentir y el Parlamento Europeo, el único organismo europeo a través del cual el ciudadano puede elegir directamente a sus representantes, ha empezado a tomar nota. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo adoptó en el mes de diciembre un posicionamiento valiente (el llamado informe Rodust), que afronta con propuestas interesantes los principales aspectos necesarios para una auténtica reforma de la pesca europea.
El próximo 6 de febrero será el plenario del Parlamento Europeo el que debe ratificar este informe. Es la hora de la verdad y los 54 europarlamentarios españoles, como parte de una de las principales potencias pesqueras europeas, tienen una oportunidad única para ratificar y reforzar el informe aprobado por la Comisión de Pesca. Apoyando así un verdadero cambio de rumbo en la política europea. Los ciudadanos se lo están exigiendo, y nosotros –entre muchas otras organizaciones-, nos encargaremos de explicar en España qué votaron cada uno de ellos. La ciudadanía ha llamado a la puerta de la pesca europea.
El autor es coordinador político del grupo OCEAN2012 en España.
