Los tres expertos consultados esta tarde en la comisión parlamentaria de cambio climático, de la que en los próximos meses saldrá una ley en la materia, han coincidido en que la futura norma debe eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, que en España se canalizan a través de los pagos por capacidad.
Estos pagos o mecanismos de capacidad (los destinados a compensar al propietario por el mantenimiento de una central para que pueda ser utilizada cuando sea necesario) ascenderían aproximadamente a mil millones de euros anuales.
El primer interviniente ha sido Yves Saint-Geours, embajador de Francia en España, quien ha detallado las claves de la ley de cambio climático que su país puso en marcha en 2015, explicando que fue una ley acordada, en ocho meses de consultas, con los sindicatos, las ONG y la oposición parlamentaria, de la que se incorporaron mil enmiendas de cinco mil presentadas.
La ley francesa establece un objetivo de cero emisiones de CO2 en 2050, así como presupuestos quinquenales de cuánto carbono se puede emitir para estar en consonancia con esa meta, y es una ley transversal que afecta a prácticamente todos los sectores de la economía: transporte, construcción, reciclaje, energía, y financiación.
El cumplimiento de la ley francesa es evaluado por un comité independiente, y la norma lleva asociada una alianza para la descarbonización del transporte, una fecha para el abandono del carbón (2022) y un calendario de cierre nuclear que se establecerá este año.
Fin de emisiones en 2050
Lara Lázaro, experta en cambio climático del Real Instituto Elcano, ha defendido que la ley española debe aspirar a la neutralidad en carbono en 2050 y ha de desarrollar presupuestos de carbono periódicos para cumplir esa meta.
Lázaro ha abogado también porque sea una norma transversal, revisable de acuerdo a la mejor información científica disponible, que cuente con un comité de evaluación permanente, así como con un inventario y calendario de eliminación de las ayudas a los combustibles fósiles.
Finalmente, Joan Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), ha subrayado que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe ser “el instrumento” que permita “pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a un modelo de producción energética fundamentado en las renovables”.
“A España le interesan las renovables, si las tenemos en casa, para qué vamos a comprar combustibles fósiles a precios caros y con oscilaciones importantes”, ha incidido Grimalt, quien, preguntado por el papel del gas como fuente energética de “transición”, ha subrayado que “aunque contamina menos, a nivel de lucha contra el cambio climático no ganamos nada”. EFEverde
