Bruselas, 15 feb (EFE).- La Comisión Europea ha dado luz verde a que siete Estados miembros (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia) otorguen ayudas públicas por valor de hasta 6.900 millones de euros para apoyar el desarrollo de infraestructura dedicada a producir hidrógeno sostenible, que debería ayudar a reducir la dependencia de la Unión Europea en el gas natural.
Bautizado con el nombre «IPCEI Hy2Infra», se trata de un proyecto importante de interés común europeo que han preparado y financiarán Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia; bajo su paraguas, 32 empresas que operan en uno o varios Estados miembros participarán en 33 proyectos que «cubrirán una amplia parte de la cadena de valor del hidrógeno», dijo Bruselas en un comunicado.
Se financiarán, entre otras medidas, el despliegue de 3,2 gigavatios de electrolizadores a gran escala que producirán hidrógeno renovable y de tuberías de transporte y distribución de hidrógeno nuevas y reutilizadas de aproximadamente 2.700 km, así como el desarrollo de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno a gran escala con una capacidad de al menos 370 gigavatios-hora.
La financiación también apoyará la construcción de terminales de manipulación y de infraestructuras portuarias conexas para los portadores de hidrógeno orgánico líquido con el objetivo de manipular 6.000 toneladas de hidrógeno al año.
Varios de los electrolizadores podrían estar operativos entre 2026 y 2028, mientras que las tuberías comenzarían a funcionar entre 2027 y 2029 dependiendo de la zona geográfica y la finalización de los proyectos en su conjunto se prevé para 2029.
La Comisión Europea validó las ayudas públicas a estos proyectos al considerar que contribuyen al objetivo común de lograr los objetivos de planes clave, como el Pacto Verde Europeo y que se trata de proyectos ambiciosos para desarrollar infraestructura «que va más allá de lo que el mercado ofrece en la actualidad».
«Donde no se materializan iniciativas privadas que apoyan la innovación y la construcción de infraestructura a gran escala por los riesgos significativos de estos proyectos, las reglas de los proyectos importantes de interés común europeo permiten a los Estados miembros cubrir conjuntamente las deficiencias del mercado», explicó la Comisión Europea.
Bruselas también cree que es necesario apoyo público que incentive a las empresas privadas a asumir los riesgos de este tipo de inversiones y calcula, de hecho, que los 6.900 millones en ayudas públicas podrían desbloquear aportaciones privadas de hasta 5.400 millones de euros.
El Ejecutivo comunitario cree, además, que las ayudas a las empresas participantes «se limitan a lo que es necesario y proporcionado y no distorsionarán la competencia». Por otro lado, si el proyecto tiene éxito y genera ingresos adicionales se aplicará un mecanismo para que las empresas devuelvan parte de la ayuda a los gobiernos.
Bruselas espera, por otro lado, que el conocimiento técnico y experiencia que se generen de forma natural durante la construcción de los proyectos se comparta más allá de las empresas que participan, en conferencias o publicaciones especializadas, por lo que «habrá efectos indirectos en toda Europa, más allá de las empresas y Estados miembros que son parte del proyecto». EFE
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