Madrid.- El sector de la madera se prepara para asumir el nuevo reglamento contra la deforestación importada (EUDR) que, una vez entre en vigor -previsiblemente en mayo o junio- derogará la actual regulación de la madera de la UE, "un marco que no servía", según las críticas tanto del sello FSC como de las ong ecologistas.
El nuevo sistema de trazabilidad para asegurar que los productos madereros, entre otros, no acarreen deforestación dentro o fuera de las fronteras comunitarias es uno de los grandes desafíos identificados por el sector, que deberá geolocalizar las parcelas de donde proviene la madera.Los nuevos controles buscan asegurar que la madera comercializada en Europa es legal -cosa que ya contemplaba el anterior reglamento, EUTR (EU Timber Regulation)-, pero también a partir de ahora garantizar que ésta y sus productos derivados, como los muebles o el papel, no haya generado destrucción o degradación forestal.
“Ya no estamos hablando de legalidad intrínsecamente, sino también de sostenibilidad”, celebra en declaraciones a EFE el director ejecutivo de FSC España, Gonzalo Anguita.
Opinión compartida por fuentes de la asociación empresarial Amfori que, en un webinar organizado junto al sistema de certificación forestal PEFC para facilitar detalles del nuevo reglamento, la describen como “la primera legislación que cubre cadenas locales como deforestación más allá de la legalidad”.
Amfori ha destacado, como novedad respecto al EUTR, la prohibición que supone no ya para las importaciones -pues los productos que no cumplan con los requerimientos de EUDR no podrán entrar en el mercado europeo- sino también para las exportaciones.
Con esta nueva normativa, “los legisladores han intentado suplir algunas carencias que habían detectado en el EUTR”, precisa Isabel Fernández, portavoz de Ecologistas en Acción.
Además del seguimiento completo en toda la cadena de suministro, los Estados deberán poner en marcha una autoridad competente para controlar el cumplimiento del reglamento en lugar de dejar que las competencias continúen en manos de las CCAA, algo criticado por certificadores y ecologistas.
“Tiene que haber homogeneidad porque, si no, se producen coladeros de madera ilegal", alerta Anguita, quien ha resaltado la importancia del papel de los sistemas de certificación, “ahora más que nunca”, pese a que algunas ong ambientalistas los rechazan por "no detener la deforestación".
Anguita advierte de que "estamos haciendo los deberes y ayudaremos a las herramientas de mitigación y de análisis de riesgos para que las empresas puedan estar preparadas ante el nuevo marco, pero FSC da sólo las herramientas, y que una compañía tenga una auditoría de certificación para un contexto concreto no implica que cumpla con la regulación”.
Según la FAO, 10 millones de hectáreas de bosque se destruyen anualmente y, según los datos que maneja WWF, la UE es responsable de un 16 % de la deforestación asociada al comercio internacional, sólo superada por China, responsable del 24 % de la destrucción forestal.
“Si seguimos así, en 300 años nos hemos cargado todos los bosques del planeta”, aduce Anguita, que aplaude el nuevo reglamento pero señala una cierta “resistencia al cambio” en el sector, donde “la cadena de producción de la madera puede ser muchas veces opaca” debido a los “muchos eslabones intermedios” que complican que los propios operadores sean conscientes de cada paso desde la tala hasta la importación.
Tanto el gerente de FSC como los ecologistas afean el bajo grado de cumplimiento del anterior reglamento de la madera, que entró en vigor en marzo de 2013 pero para el que España se demoró más de dos años en desarrollar un régimen sancionador, lo que motivó un proceso de infracción por parte de la Comisión Europea en 2015.
Ahora los ecologistas esperan que, una vez entre en vigor EUDR, el Gobierno español fije cuanto antes su régimen sancionador y que tampoco tarde en designar a la autoridad competente encargada de controlar el cumplimiento.
En este sentido, desde Ecologistas en Acción temen que esa autoridad consista en el mismo grupo de funcionarios del MITECO que ha seguido el proceso legislativo de EUDR, un equipo que consideran "falto de personal y de recursos económicos". EFEverde
