Madrid, 15 feb (EFEverde).- Malta, Bélgica y España son, por este orden, los tres paises de la Unión Europea con más estrés hídrico con un aumento "importante" del volumen de aguas residuales tratadas hasta 2004, y el de las reutilizadas hasta 2006, según datos recogidos hasta 2020 de un estudio sobre el modelo de gestión del agua.
Lo revela el I estudio de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. (Facsa), del grupo Gimeno, coincidiendo con su 150 aniversario, y realizado junto con la consultora de Asuntos Públicos Red2Red durante cinco meses.
España tiene una capacidad de embalse de 56.000 hectómetros cúbicos (hm3), con un volumen de agua embalsada hasta el 13 de febrero de 2024 del 51,1 %, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
De acuerdo al documento de Facsa, España tiene una situación de estrés hídrico (relación entre agua dulce extraída y disponibilidad del recurso) del 42 %.
“España, a pesar de ser uno de los países con mayor estrés hídrico de la Unión Europea (UE), presenta una creciente demanda de agua, sobre todo, debido a la transformación del cultivo de secano a regadío", ha asegurado en un comunicado el director general de Facsa, José Claramonte.
Una situación que contrasta con el vecino Portugal que en el índice de estrés hídrico solo alcanza el 12 %, a pesar de afrontar una situación similar en cuanto a la afectación de sequía, según Facsa, que señala que el Gobierno luso ha aprobado un plan de contingencia que va a afectar a la agricultura y al consumo doméstico en la región del Algarve.
Según Claramonte, en España existe un aumento de la superficies de cultivos, con el impacto del cambio climático, a lo que se une el incremento de población.
Por este motivo, en su opinión es necesario y "urgente" invertir en infraestructuras para el ciclo integral del agua y renovar las ya existentes dotándolas de mayor eficiencia, así como invertir en aquellas que permitan incrementar la oferta del agua mediante usos no convencionales, como la reutilización o la desalación, y que "disminuyan al mismo tiempo el impacto de la escasez de agua dulce como un recurso convencional".
Según el estudio de Facsa, que aborda el modelo del agua actual a través de sus diferentes usos, el mayor porcentaje del consumo corresponde al sector agrario (80 %), seguido del doméstico que apenas llega al 15,5 %, mientras en el entorno urbano, el estudio detecta una disminución de la disponibilidad del agua desde el 2005.
De acuerdo a los datos de la Encuesta 2021 de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE), la superficie regada en España abarca las 3.804.786 hectáreas, y en términos de volumen, los usos agrarios son responsables de más del 60 % de la extracción de agua, seguidos de la producción de electricidad (25 %) y las redes de suministros (13 %).
El aumento de la superficie de regadío, que representa el 30 % de la superficie de cultivo, contribuye en más del 50 % a la producción vegetal final y muestra una tendencia creciente, "supone una amenaza a la sostenibilidad del sistema", por lo que es necesario "seguir trabajando en la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad" del sistema e implementar "soluciones de gobernanza" que optimicen el uso del recurso.
La gestión del agua, un elemento finito, se ha convertido en un "elemento clave" para el desarrollo en España, apunta el estudio, y depende de factores como el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, el surgimiento de nuevos usos, y la crisis climática.
Porque más allá de la presión del aumento de la población, el impacto del cambio climático ha dejado un 12 % menos de precipitaciones en la región mediterránea en los meses de invierno y un 24 % en los de verano.
En relación a las roturas, fugas y evaporación en acequias y canales en los sistemas de conducción de las infraestructuras de riego, señalan que "no existen" fuentes de datos sistémicas que reflejen las pérdidas, aunque algunas fuentes, según Facsa, estiman hasta un tercio de pérdidas en estas infraestructuras.
Sin embargo, a pesar del descenso en las pérdidas, la patronal de las constructoras (Seopan) sostiene que la inversión pública destinada al transporte, la depuración o el abastecimiento de agua están en niveles inferiores en un 50 % en relación a los de 2010.
Según la Seopan, casi la mitad de las tuberías de abastecimiento tienen 30 años de antigüedad, mientras las de alcantarillado no se han renovado en muchos sitios desde hace 40 años.
Sobre el suministro de agua y saneamiento en España se caracteriza por el acceso universal y "la buena calidad del servicio", aseguran, mientras que las tarifas se encuentran entre las más bajas de la UE, unas tarifas que son establecidas por cada ayuntamiento, sin que exista una armonización tarifaria con un marco genérico nacional.
Existe una gran heterogeneidad incluso dentro de la misma comunidad autónoma y, comparando entre distintas Comunidades Autónomas, se observan diferencias de hasta el 300 % entre la más económica y la más cara.
Estas tarifas "quedan lejos" de cubrir el coste real de los servicios, tal y como exige la Directiva Marco del Agua.
Por ello, el grupo Facsa concluye que España necesita incorporar un ente regulador del ciclo urbano, al tiempo de homogenizar la estructura tarifaria en todo el país, para lo que propone la creación de un Fondo Nacional del Agua que permita el aumento de infraestructuras y una mayor inversión, en línea con la colaboración público-privada.
El objetivo es adecuar cuanto antes el modelo a través de una gestión adecuada de la demanda y el suministro que apoye a una planificación hidrológica basada en la "solidaridad entre territorios", así como afrontar la "escasez de infraestructuras y la necesidad de renovar las existentes", mejorar su eficiencia y apostar claramente por la innovación y la digitalización.
Según el documento, aunque los niveles de gasto público vinculados a nuevas infraestructuras alcanzaron un 5,1 % interanual hasta septiembre de 2022, en el ámbito del agua, entre 2014 y 2020 España "apenas ejecutó la mitad de los compromisos presupuestarios fijados por Bruselas, un total de 27.655 millones a 30 de enero de 2023".
EFEverde
lul/pss
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