En una rueda de prensa, Mañueco se ha referido así al recurso planteado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), mientras que ha criticado las «veladas acusaciones de deslealtad» proferidas en su opinión por el Gobierno de España.
La Justicia decidirá si impide de forma cautelar la práctica de esquí en la vertiente segoviana de la estación de Navacerrada tras caducar la concesión del terreno, propiedad de Parques Nacionales, y si la Junta de Castilla y León ha incurrido en dejación de funciones al no hacer cumplir la orden de desmantelamiento de la infraestructura deportiva.
«Manía persecutoria»
«Lo de Sánchez con algunas Comunidades Autónomas empieza a ser de manía persecutoria», ha expresado Mañueco, quien ha pedido «dejar trabajar a la justicia» y los servicios jurídicos de la Junta ante el recurso presentado por el Gobierno, mientras que ha preferido no detallar qué ocurrirá en la práctica el próximo fin de semana en la estación de esquí. «Es una decisión empresarial», ha apostillado.
Ha comparado la reacción judicial del Gobierno ante las decisiones de la Junta de Castilla y León con su supuesta inacción ante los partidos nacionalistas: «Para los separatistas, todo, para Castilla y León, acciones ante los Tribunales de Justicia», ha lamentado Mañueco, convencido de que el Ministerio tiene «una obsesión por atentar contra los intereses de Castilla y León«, mientras que su gobierno está «obsesionado en la transición energética, pero realizada de manera eficaz».
En este sentido, ha acusado al departamento dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera de «atentar contra sectores tan importantes como la remolacha, el vacuno, el lobo , el cierre precipitado de las minas y las térmicas sin ninguna lógica económica», mientras que «ni está ni se le espera» en sus acciones contra la despoblación.
Cien años de esquí en Navacerrada
Mañueco se ha sorprendido de que el Gobierno haya tramitado este recurso a pesar de que el acuerdo de la Junta fue tomado hace «45 días» y en la confianza de que se lleva esquiando en Navacerrada «100 años» sin que esto haya sido modificado por leyes anteriores, mientras que el Ejecutivo central sí ha reaccionado «de forma atropellada» ante las declaraciones del pasado lunes, cuando se reunieron el presidente de la Junta de Castilla y León y la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso.
Además, ha considerado «intolerable» que el Gobierno le acuse de deslealtad, ya que entiende que ha mostrado su «lealtad con España y también con el Gobierno».
«Lo que no voy a consentir es que nos tome la mano a los castellanos y leoneses por defender lo que consideramos justo», ha concluido. EFEverde
