Lourdes Uquillas
Madrid.- El lavado verde o “greenwashing” de muchas empresas que se anuncian como sostenibles cuando no lo son es un “problema muy grave”, en el cual “el regulador tiene que entrar de forma muy seria, muy estricta para mandar un mensaje claro a los consumidores”, ha asegurado a EFE la economista ambiental María Loureiro García.
Medio para luchar contra el lavado verde
Loureiro García, profesora de Economía en la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la Real Academia Galega de Ciencias, ha subrayado que para evitar el lavado verde hay tecnología adecuada que unida a la realización “de auditorías externas, igual que las que se llevan a cabo para la seguridad en los automóviles o las emisiones” podrían evitar el “greenwashing”.
Pero, además de la aplicación de las tecnologías y las auditorías externas, Loureiro García ha señalado que se necesitan “unas penas jurídicas para no infringir los principios fundamentales que definen la sostenibilidad y evitar o controlar así el greenwashing”.
Loureiro participó junto al geólogo francés Pierre Thomas y a la ecóloga, directora de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS, por sus siglas en francés), y vicepresidenta del programa Man and Biodiversity – MAN France Anne Constantine Prévot en el encuentro “Miradas cruzadas sobre el cambio climático” organizado por el Instituto Francés de Madrid.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Aragón destine fondos europeos “Next Generation” a un proyecto en Canal Roya (Huesca) que pretende unir dos pistas de esquí provocando daños a la zona, como denuncian varias organizaciones y científicos firmantes de un manifiesto, Loureiro ha explicado que “ese riesgo existe en todos los fondos europeos en todos los países”.
Y ha señalado que “la Unión Europea advierte de la necesidad de la revisión estricta de los criterios con los cuales se utilizan los fondos y no hablan solamente de criterios contables, sino también de criterios ambientales, de criterios de resiliencia económica para que respeten la filosofía por la cual esos fondos fueron creados en primera instancia”.
Aumento de la financiación climática
En relación al incremento del fondo de lucha contra el cambio climático -en unos momentos donde se están destinando muchos fondos a la industria armamentística debido a la guerra de Ucrania-, la profesora de la Universidad gallega ha subrayado que “hay suficiente dinero e incentivos económicos para poder hacer las cosas muchísimo mejor, porque hay mucho crédito disponible que debe redirigirse a la economía verde”.
Los bancos centrales europeos e internacionales ya se han apuntado a esta política “para que esto suceda”.
Ha recordado que el fondo fue aprobado “en una de las Cumbres del Clima (COP) hace años y en la COP26 el Gobierno español ratificó su deseo de aumentar la aportación de España al mismo”, que tiene como objetivo “destinar 100.000 millones de dólares anuales para apoyar a los países en vías de desarrollo”.
La académica gallega ha remarcado que ya no solamente se necesita hablar de crédito público o de dinero público, “sino también de todo el dinero privado que se puede destinar a todas estas necesidades” ambientales.
Loureiro ha manifestado que, por ejemplo, hay bancos que “empiezan a premiar” las hipotecas en edificios sostenibles, una política de “crédito verde que se puede extender a elementos de consumo como los automóviles, en el transporte”.
No obstante, ha subrayado, “es cierto que hay muchas inercias y hay escasez de información o una información incorrecta, lo que llaman en economía información asimétrica”.
Cambio de hábitos
Además, “existen una serie de características que hacen que culturalmente incluso sea difícil la transición hacia una economía más verde y más resiliente”, como la utilización del vehículo privado, en vez de optar por el transporte público disponible.
“Hemos tenido una cultura de utilización del tiempo y de los servicios muy enfocada hacia el bienestar individual y no necesariamente el bienestar colectivo y eso necesitamos cambiarlo”, ha apuntado, y ha incidido, “no es solo cuestión de política gubernamental, es crucial, es fundamental el cambio de comportamiento de los consumidores”.
Fondo de pérdidas y daños
En su opinión, “no ha habido grandes avances” en relación al fondo de daños y pérdidas aprobado en la última COP27 de Egipto, aunque “hay cada vez una concienciación más clara a nivel mundial” de la necesidad de ponerlo en marcha, porque “el cambio climático lo sufren más aquellos que son más pobres y que curiosamente no han generado tanto impacto como los países ricos”.
El problema, según la experta, es establecer “cómo se provee ese fondo de dinero, cuánto paga cada contaminador”. “Esa es la gran pregunta y esa pregunta que yo sepa todavía no está resuelta”.
Pero lo que sí está claro, ha concluido, es que ante el aumento de las catástrofes naturales, “definitivamente las aseguradoras junto con los estados tienen que crear fondos de contingencias para catástrofes que ya están dotados actualmente, pero dotarlos mucho más y ser mucho más generosos en el elenco de daños que están cubriendo”. EFEverde