Rabat.- Marruecos ha aprobado su primera ley de ámbito nacional sobre animales callejeros, que incluye sanciones y penas de hasta seis meses de cárcel por maltrato animal y que ha provocado críticas entre organizaciones civiles por un polémico artículo que prohíbe alimentar a los animales en la vía pública, una práctica extendida en el país.
El ministro de Agricultura, Ahmed El Boauri, defendió la necesidad de este nuevo marco legal tras el visto bueno parlamentario conseguido ante un «aumento descontrolado» de perros y gatos desamparados.
La población de animales callejeros supone un desafío para la seguridad y salud públicas de Marruecos y ya supera los tres millones de ejemplares en el caso de los perros, según estimaciones de la Sociedad Protectora de los Animales (SPA).
Esta nueva ley incluye un polémico artículo que pena con multas económicas superiores a 180 euros la alimentación, acogida o atención médica de estos animales en la vía pública o en portales comunitarios.
Una propuesta criticada por organizaciones civiles que no comparten la prohibición de una práctica extendida entre los ciudadanos marroquíes que fraternizan con sus vecinos felinos, sagrados según la tradición islámica.
Marruecos, entre una ley animal y denuncias por «desaparición» de perros callejeros
La organización SPA, crítica con esta ley desde que comenzó su tramitación en el Parlamento en 2025, emitió hoy un comunicado en el que reitera su oposición al nuevo marco legislativo y su «profunda preocupación por sus consecuencias para los animales y las personas que los protegen».
Según la organización, el enfoque de la reforma es «represivo» y puede criminalizar a los voluntarios, las asociaciones y los ciudadanos que ayudan diariamente a los animales.
La ley también prohíbe el maltrato, la violencia y la matanza injustificada y prevé sanciones económicas de más de 1.800 euros y penas de cárcel de dos a seis meses.
Asimismo, el texto persigue la apertura o gestión de cualquier tipo de refugio de animales clandestino y sin licencia oficial con multas económicas que se oscilan entre los 4.600 y 27.600 euros.
Finalmente, la ley promueve la creación de centros de acogida públicos y privados e implanta el control digital de los animales mediante chips y registros en una plataforma nacional. EFE
