Michel Forst (ONU) señala que la represión contra los activistas ambientales es una grave amenaza para la democracia

Lourdes Uquillas
Madrid, 10 mar (EFEverde).- La represión contra los defensores ambientales ha aumentado en el mundo, incluso en España y otros estados de Europa, una situación recogida en un documento por Michel Forst, el relator especial de Naciones Unidas sobre defensores ambientales, tras visitar varios países europeos firmantes de la Convención de Aarhus sobre el derecho a la información ambiental.

El documento de Michel Forst, relator especial de la ONU sobre los defensores del medio ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, abarca una visión general de las observaciones sobre la "tendencia a la represión y criminalización" de las acciones medioambientales pacíficas y de desobediencia civil.

"La represión a la que se enfrentan actualmente en Europa los activistas medioambientales que recurren a la desobediencia civil pacífica constituye una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos. La emergencia medioambiental a la que nos enfrentamos colectivamente, y que los científicos llevan décadas documentando, no puede abordarse si quienes dan la voz de alarma y exigen que se actúe son criminalizados por ello", argumenta Forst.

Escuchar a los defensores ambientales

Y subraya: "La única respuesta legítima al activismo medioambiental pacífico y a la desobediencia civil en este momento es que las autoridades, los medios de comunicación y el público se den cuenta de lo esencial que es que todos escuchemos lo que tienen que decir los defensores del medio ambiente."

En el documento explica que esta tendencia engloba al menos cuatro aspectos: los medios de comunicación y el discurso político, la legislación y la política, la aplicación de la ley y los tribunales, y ofrece una visión general de los principales problemas de cada una de estas dimensiones, con ejemplos recogidos de varios países.

Sobre esto, el relator recomienda a los estados abordar las "causas profundas" de la movilización ambiental y, en relación a los medios de comunicación y el discurso político, "tomar medias inmediatas para contrarrestar las narrativas" que presentan a los defensores del medio ambiente y sus movimientos como criminales.

Libertades fundamentales

Asimismo, en términos de legislación y política, señala que los países "no deben" utilizar el aumento de la desobediencia civil ecologista como pretexto para restringir el espacio cívico y el ejercicio de las libertades fundamentales.

En cuanto a la aplicación de la ley, aconseja cumplir con sus obligaciones internacionales relacionadas con la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en su respuesta a la protesta ambiental y la desobediencia civil y "cesar inmediatamente" el uso de medidas diseñadas para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado contra los defensores del medio ambiente.

En relación a los tribunales, señala que los estados "deben garantizar" que el enfoque de los tribunales a la protesta disruptiva, incluidas las sentencias impuestas, no contribuya a la restricción del espacio cívico.

Son varios los activistas en algunos países europeos que se enfrentan a la justicia por su participación en acciones de protesta contra la falta de ambición climática de algunos gobiernos.

El caso español

En España, por ejemplo, la Fiscalía ha pedido una pena de 21 meses de prisión para quince activistas y defensores ambientales de Rebelión Científica, formada por investigadores, científicos, catedráticos, profesores o estudiantes, que afrontan un juicio por un "delito al patrimonio histórico" tras arrojar agua con tinte de remolacha en la fachada del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 2022.

Veintidós activistas de Futuro Vegetal, incluidos sus tres líderes, fueron detenidos en enero de este año acusados de pertenecer a una "estructura criminal", tras llevar a cabo 65 acciones y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros, según informaron a EFE fuentes policiales.

Uno de los leones del Congreso, cubierto con pintura roja después de una acción reivindicativa de Rebelión Científica este jueves en Madrid. EFE/ J.J. Guillén — Archivo EFE / Uno de los leones del Congreso, cubierto con pintura roja después de una acción reivindicativa de Rebelión Científica en Madrid. EFE/ J.J. Guillén

Aunque ninguno ha ingresado en prisión, según la Policía Nacional ha quedado desmantelada la organización, enmarcada en el movimiento climático internacional Extinction Rebellion, que no obstante, este 8 de marzo ha llevado a cabo su última acción en Barcelona.

En cambio, en febrero pasado se conoció el sobreseimiento de la causa contra nueve militantes de Extinction Rebellion por cortar en octubre de 2021 un tramo entre la Gran Vía y la Plaza España de Madrid, en una acción en la que nueve activistas se encadenaron con tubos de bloqueo a bidones en el marco de la celebración de la Cumbre del Clima en Glasgow (Reino Unido).

A estas acciones se unen otras en museos de España y Europa, con el lanzamiento de tintes, sopas o botes de tomate contra pinturas de artistas muy conocidos con el objetivo de llamar la atención de ciudadanos y autoridades sobre las tres crisis actuales: la climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad.

Con estas protestas, según estos movimientos por el clima y la justicia social, pretenden enviar el mensaje: "En un planeta muerto, no hay arte". EFEverde
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