Madrid.- El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley con la que se demanda el establecimiento de una pausa precautoria de la minería submarina y ha acordado estudiar su prohibición en aguas españolas.
La proposición que ha sido registrada por Unidas Podemos y ha salido adelante con 19 votos a favor, diez en contra y cinco abstenciones, y con una enmienda del PSOE, según la agrupación parlamentaria.
España se une a otros países
Con esta postura, España se une a al creciente grupo de países que demandan una moratoria, pausa precautoria o prohibición de la minería submarina que incluye a Francia, Alemania, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Micronesia, Palao, Fiyi y Samoa, además de la Comisión Europea que también se ha manifestado a favor de la prohibición de esta actividad.
La iniciativa la han presentado los diputados del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Juantxo López de Uralde y Antón Gómez-Reino Varela.
Según señalan, la minería submarina se ha convertido en "una de las principales amenazas a la integridad de los fondos marinos, un ambiente muy poco conocido y estudiado".
"Se trata de una actividad con enormes impactos potenciales, desde los efectos tóxicos de las plumas de sedimentos y metales pesados a lo largo de la cadena trófica hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina".
Además, indican que "la destrucción o extinción de especies, provocadas por la minería submarina, supondría un impedimento para el "descubrimiento de nuevas medicinas" asociadas a formas de vida de los fondos marinos.
Moratoria para la minería submarina
Por ello, la proposición insta al Gobierno promover y defender ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) una moratoria para la minería submarina hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente sus efectos en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería de los fondos marinos para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos.
Asimismo, posicionarse ante la ISA en contra de la aprobación de un reglamento para la minería submarina en 2023 y en contra de la concesión de licencias de explotación bajo la "regla de los dos años", que podría suponer el inicio inmediato de la actividad, ante la incertidumbre sobre las consecuencias de la actividad.
Además, instan al Gobierno apoyar la reforma de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos, de "forma coherente con el consenso científico sobre el papel que juegan los fondos marinos, los riesgos asociados con la minería submarina y los principios de buena gobernanza, incluyendo los de transparencia, rendición de cuentas y participación.
Demandan, además, que mientras no se produzca esta reforma posibilite la participación de las organizaciones ambientales y pesqueras en las delegaciones de España.
Por último, demandan adoptar una prohibición de la minería submarina en las aguas bajo jurisdicción estatal.
Papel más activo en defensa del océano
Las organizaciones ecologistas que elaboraron la propuesta Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, con la participación de la Deep Sea Conservation Coalition, han celebrado esta iniciativa y han demandado que, teniendo ahora "claro el mandato parlamentario", el Gobierno asuma un papel activo en las reuniones del Tratado Global de los Océanos y de la ISA.
La ISA se reunirá en marzo y julio próximos para continuar con los debates sobre la adopción de normas para regular la minería submarina.
Según los ecologistas, existe la posibilidad de que a partir de julio la ISA autorice explotaciones mineras en las profundidades marinas. EFEverde
