La defensa de los derechos de los animales requiere “declaraciones firmes” pero también “acciones contundentes”, según una carta a la que ha tenido acceso a Efe, remitida por el gabinete de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a la Comunidad de Madrid por el caso Vivotecnia.
La carta es contestación al último comunicado emitido por la consejería de Medio Ambiente de la CAM, a su vez respondiendo a una misiva de Belarra a raíz de los presuntos casos de maltrato animal en los laboratorios de esta empresa, ofreciendo “diálogo y colaboración” entre la administración central y la autonómica.
Respuesta al comunicado
En este comunicado, la consejería madrileña aseguraba que “desde el primer momento ha respondido a las dudas de la administración central” y “se ha coordinado perfectamente dando cuenta de todas las actuaciones al Ministerio” pero éste insiste en que no ha recibido “ningún contenido documental sobre las acciones realizadas que ayudaran a esclarecer los hechos”.
Así, la medida anunciada el pasado 13 de abril por la CAM de trasladar los animales afectados a centros de acogida para su posterior adopción “no ha sido acometida a fecha de hoy” lo que a su juicio ha generado “un desconcierto social por la incertidumbre sobre el bienestar de los animales”.
Asunción de responsabilidades
[box type=”shadow” ]También hace referencia a la videovigilancia en los laboratorios y a la “necesaria colaboración entre Administraciones” así como “la puesta en marcha de medidas preventivas” para que no se reproduzcan los hechos, asegurando que el departamento que dirige Belarra no dispone a día de hoy de certificación documental de estas acciones.[/box]
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recuerda además en su carta la creación durante esta legislatura de la primera Dirección General de Derechos de los Animales, pero precisa que para asegurar el bienestar de éstos “es necesaria la asunción de responsabilidades por parte de todas las Administraciones”.
Vivotecnia, el laboratorio donde se detectó un posible caso de maltrato y violencia contra seres vivos con “fines científicos”, sigue su labor tras la decisión del Gobierno de la CAM el pasado 1 de junio de levantar la suspensión temporal de su actividad investigadora. EFEverde
