Varias instituciones políticas españolas apoyan la modificación del Estatuto de Roma, el documento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), con el objetivo de incluir el ecocidio como el quinto delito penal que juzga este tribunal internacional, asegura la fundación Stop Ecocidio.
La fundación internacional Stop Ecocidio señala que se han producido importantes avances ante la necesidad de “contar con leyes que protejan la naturaleza de una forma efectiva”.
[box type=”shadow” ]Según un comunicado de Stop Ecocidio, entre las iniciativas figuran la del Parlamento Foral de Navarra, que el pasado 28 de marzo aprobó por una amplia mayoría una moción presentada por Podemos-Ahal Dugu en la que se instaba al Gobierno central a “estudiar una política de impulso a la modificación del Estatuto de Roma, de común acuerdo con el resto de socios europeos y como vía para incluir el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, así como valorar la realización de las reformas procesales y penales congruentes con este objetivo en nuestro Derecho interno”.[/box]Asimismo, el pasado 11 de mayo, la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) planteada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en la que también se instaba al Gobierno a la modificación del Estatuto de Roma en el mismo sentido que la anterior, así como para “valorar la realización de las reformas procesales y penales congruentes” con el objetivo de incluir el ecocidio como delito internacional en el Derecho interno.
Según Stop Ecocidio, esta es la segunda PNL que se aprueba en la Cámara, ya que en diciembre de 2020, la Comisión de Exteriores del Congreso también “aprobó una PNL en el mismo sentido”.
La PNL aprobada en la Comisión para la Transición Ecológica “está basada en parte en la narrativa de la campaña internacional de Stop Ecocidio” y recoge, además, la definición jurídica de Ecocidio del Panel Internacional de Expertos Independientes reunidos por la fundación que señala que “es necesaria una nueva técnica para la construcción de los delitos en contra del ambiente que garanticen realmente la protección del sujeto protegido y el castigo a quien lo dañe, sea de manera dolosa o culposa”.
Entre las propuestas debatidas se planteó que el delito de ecocidio sea considerado “global” para evitar el desplazamiento de actividades que provocan daños ambientales a países o zonas donde la regulación ambiental es más laxa.
Asimismo, el pasado mes de marzo, la CUP presentó una Proposición de Ley en el Parlamento de Cataluña que recogía la incorporación del delito de ecocidio en el Código Penal y para que el Gobierno central participe en la proposición de enmiendas al Estatuto de Roma.
Esta Proposición de Ley está a la espera de una votación en el Pleno del Parlamento catalán antes de pasar al Congreso de los Diputados.
Además, según Stop Ecocidio, se ha iniciado una campaña para que ayuntamientos de todo el Estado aprueben mociones de apoyo a la creación del crimen internacional de ecocidio.
A todo ello, se van sumando peticiones al reconocimiento de derechos a la naturaleza, como la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor aprobada en el Congreso de los Diputados, “como medida urgente para detener el ecocidio” en la laguna. EFEverde
