Carlos Bravo Responsable de la Campaña Nuclear Greenpeace España
Los residuos radiactivos de alta actividad son un producto inevitable de las centrales nucleares. La industria nuclear los ha producido irresponsablemente sin saber qué hacer con ellos durante sus más de 50 años de existencia. Son un producto muy peligroso, debido a su elevado potencial radiotóxico y a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) ha calculado el coste de su gestión en España, solo hasta 2070, en más de 13.000 millones de euros (de dinero público, sufragado mayoritariamente por los ciudadanos a lo largo de los años a través del recibo de la luz).
A la vista de estos datos, resulta obvio que los residuos radiactivos suponen un problema de primer orden de magnitud, desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Es lógico, por tanto, concluir que (como afirmó el propio Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Debate del Estado de la Nación celebrado en 2006 en el Congreso de los Diputados) para poder avanzar eficazmente en el arduo problema de los residuos radiactivos es necesario lograr, previamente, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, y el mayor consenso territorial y político posible.
Sin embargo, el pasado 29 de diciembre, el Ministerio de Industria puso en marcha un proceso para la construcción de un cementerio nuclear centralizado (ATC, siglas de “Almacén Temporal Centralizado”) donde depositar los residuos radiactivos de alta actividad (incluido en combustible nuclear gastado) de todas las centrales nucleares españolas.
Este proceso se ha caracterizado por su falta de transparencia, la ausencia de mecanismos participativos y la falta de información veraz al público, a los municipios y las comunidades autónomas. Es más, vulnera el Convenio Aarhus (que es ley en España desde 2005) sobre participación del público en asuntos ambientales. Es, en suma, poco democrático (“pre democrático” como expresaba, algo mas políticamente correcto, el Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda).
Básicamente, la estrategia seguida ha consistido en tentar a los Ayuntamientos con dinero público (de los fondos públicos de ENRESA) para tratar de conseguir que algunas corporaciones ofreciesen sus municipios como candidatos a albergar el cementerio nuclear, sin importar si esos consistorios habían tenido en cuenta la opinión de sus vecinos, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma, como mínimo.
A fecha de hoy, a la vista de las decenas de manifestaciones y concentraciones celebradas contra el cementerio nuclear desde que a finales de diciembre del 2009 el Ministerio de Industria (ahora más conocido por el “Ministerio del Cementerio Nuclear”) iniciara el proceso del ATC, y tras la aprobación, en estos últimos meses, de multitud de declaraciones institucionales de Gobiernos y Parlamentos autonómicos, de Diputaciones provinciales, Consejos comarcales y Ayuntamientos, en el mismo sentido... es obvio que ese consenso no existe. Al contrario, es evidente que este proyecto ha generado ya un amplio rechazo social, territorial y político. Hasta el Presidente de Extremadura ha anunciado su intención de dimitir si le instalasen el ATC en su comunidad.
La construcción del ATC no es urgente y, puesto que existen otras posibilidades técnicas para el almacenamiento temporal del combustible gastado (como los Almacenes Temporales Individualizados, ATI, que evitan tener que hacer esos peligrosos transportes), hay tiempo suficiente para buscar ese previo y amplio consenso social y territorial que el propio Presidente del Gobierno reconoce que es necesario lograr en relación al grave problema de los residuos radiactivos.
El ATC provocaría un grave daño económico y social en la comarca donde se instalase, ya que alejaría cualquier posibilidad de llevar a cabo un desarrollo sano y sostenible en sus pueblos, y expondría inevitablemente a las personas y al medio ambiente a graves e innecesarios riesgos.
Como demuestra la involución demográfica y económica sufrida en las últimas décadas por los municipios donde se ubican las instalaciones nucleares, la energía nuclear no trae riqueza ni a esos municipios ni para los de las comarcas adyacentes.
"Los municipios nuclearizados mantienen una marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares, debido a la baja incidencia que las mismas han tenido en su desarrollo económico, al haber sido escasa su aplicación a la ejecución de proyectos de inversión que contribuyesen a la generación de economías alternativas". Esta frase es del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirige Miguel Sebastián. Está sacada de la Orden que elabora el Ministerio para regular las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares (1).
(1) (http://www.mityc.es/energia/nuclear/legislacion/estatal/paginas/proyectosrd.aspx)
Proyectos de disposiciones - Energía nuclear - Energía - Mº de Industria, Turismo y Comercio
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