Los representantes de Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF confían que el Constitucional «pare» la pretensión del Gobierno de sacar de ese dominio zonas que actualmente están incluidas, como dunas, zonas inundadas o salinas, ya que la Constitución cuenta con varios puntos referidos a la costa en los que se hace referencia a que «no puede arrebatar al bien común el dominio publico costero».
La Ley 2/2013 de Costas, que reforma una norma de 1988, está recurrida en el Constitucional tanto por el Partido Socialista como por las comunidades de Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias.
Rita Rodríguez, directora del departamento legal de WWF, justifica el rechazo de la organización que representa al Reglamento aprobado hoy en que «ni da mayor seguridad jurídica ni protege el litoral, como promete, sino todo lo contrario«.
«No da seguridad jurídica en tanto da derechos -a quienes viven o llevan acabo actividades en dominio público– que podrían durar más de cien años- y no protege el litoral porque, entre otras cosas, excluye de él zonas estabilizadas como las dunas, las salinas o las zonas inundadas», dice en declaraciones a Efe.
Rodríguez critica también la «falta de transparencia» del reglamento en tanto que «impide a las ONG a intervenir en el deslinde de la costa».
«Estamos ante una Ley de Costas que mira al pasado en lugar de al futuro, y que en lugar de delimitar la costa bien y dejar preparada una franja para los efectos del cambio climático, como ha hecho Francia, fomenta que siga ocupada», incide la abogada.
Por su parte, la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, apela a los dictámenes emitidos sobre la nueva Ley de Costas tanto por el Consejo de Estado como por el Defensor del Pueblo, y subraya que «es imposible excluir zonas de dominio publico terrestre que ahora mismo lo son».
Ese punto y «la ausencia de un plan de conservación que obligue a restaurar el dominio público dañado» constituyen para SEO/BirdLife dos grandes deficiencias del Reglamento, que «ignora por completo otras leyes aprobadas después que son prevalentes, como es el caso de la de Patrimonio Natural».
A Ruiz le preocupa «el grave riesgo de inseguridad jurídica al que se enfrenta la implementación de los deslindes de la costa», ya que se establecen reglas del juego nuevas, de manera que habrá gente que obtenga concesiones nuevas y otras que las perderán porque el dominio se amplía en algunos casos y se reduce en otros.
«El reglamento no logra proteger el litoral como dictamina el Consejo de Estado» ni garantiza una protección integral de la riqueza natural de la costa española, ni la salvaguarda de los efectos del calentamiento, agrega.
Por su parte, el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, indica que su organización no se va a pronunciar sobre el Reglamento aprobado hoy ya que lo que espera es que el Constitucional declare «ilegal» una ley que «privatiza el litoral durante 75 años» y «que implica un retroceso y unos daños de gran calibre para la conservación y la gestión de la costa«.EFE
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