Las cinco grandes ONG ambientales españolas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han reclamado al Gobierno que el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania no ponga en riesgo la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Los conservacionistas han subrayado la necesidad de “agilizar la tramitación de las energías renovables en las zonas en las que sea posible asegurar que el impacto ambiental de estas instalaciones no es adverso”, como en zonas urbanizadas, urbanizables o industriales, entre otras, según un comunicado de Ecologistas en Acción.
Procedimientos de evaluación ambiental
Sin embargo, consideran “imprescindible” que el procedimiento de aprobación de plantas renovables “no se aplique sobre áreas donde los impactos para la naturaleza pueden ser críticos e irreversibles” y que, en cualquier caso, “se debe garantizar la participación de la ciudadanía desde el inicio de los procedimientos de evaluación ambiental”, tal y como marca la normativa de la Unión Europea y el Convenio de Aarhus.
[box type=”shadow” ]En concreto, las cinco organizaciones han expresado su preocupación sobre “la falta de garantía” que puede conllevar el procedimiento de tramitación abreviado para autorizar determinadas plantas renovables -fotovoltaicas de hasta 150 MW y eólicas de hasta 75 MW ubicadas en tierra, en áreas de sensibilidad ambiental baja y moderada, y fuera de áreas de la Red Natura 2000- recogidas en el plan de choque frente a la guerra en Ucrania y cuya convalidación será debatida próximamente en el Congreso de los Diputados.[/box]
Según los ecologistas, “en su actual redacción, este nuevo proceso permitirá a la Administración determinar, sin participación ciudadana, si una determinada planta de generación de electricidad renovable necesita pasar por Evaluación de Impacto Ambiental o no” para aquellas instalaciones que se encuentren en las zonas de baja y moderada sensibilidad ambiental identificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
Este planteamiento “abriría potencialmente la puerta a la autorización de proyectos con alto impacto ambiental sin las garantías mínimas”, algo “especialmente relevante” en las áreas de sensibilidad moderada, que incluyen hábitats de interés comunitario o zonas críticas para la conservación de especies tan amenazadas como el águila imperial ibérica, el urogallo cantábrico o especies agroesteparias en grave declive como el sisón y la codorniz común, entre otras.
Las cinco grandes ONG coinciden en que “de mantenerse esta redacción, el nuevo procedimiento podría facilitar la destrucción de este tipo de espacios, ya muy amenazados”, y reclaman que el nuevo procedimiento para agilizar la tramitación de determinadas plantas renovables “se limite a zonas de baja sensibilidad ambiental fuera de espacios naturales protegidos y zonas de alto valor ecológico” como los humedales recogidos en el inventario nacional y Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras.
Por ello, las organizaciones ecologistas defienden que estas modificaciones han de realizarse de forma “inmediata” para evitar que “el más que necesario despliegue renovable se convierta, de facto, en un motor de pérdida de naturaleza del país”. EFEverde
