La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada del PP por Guadalajara, Ana Guarinos, ha calificado de “urgente” consensuar un pacto regional del agua en Castilla-La Macha, así como es necesario instar al Gobierno de España a alcanzar “un gran pacto nacional en materia hídrica”.
Tras la aprobación por parte del Gobierno de España de un nuevo trasvase del Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos para el mes de agosto, Guarinos ha recordado en un comunicado que “desde que gobierna el PSOE y Pedro Sánchez en España, todos los meses se ha autorizado un trasvase desde la cabecera del Tajo”.
El último “fue precisamente unos días después” de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reuniera con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para tratar asuntos relacionados con el agua, según señala en su escrito.
La diputada del PP ha reivindicado no demorar por más tiempo la constitución de una Mesa Regional del Agua con todos los colectivos, asociaciones, organizaciones, administraciones e instituciones afectadas por el problema del agua y los trasvases.
Alcanzar un “posición regional consensuada” sobre el agua
El objetivo es “alcanzar una posición regional consensuada en materia de agua que garantice las necesidades hídricas y el desarrollo en torno a este bien escaso, el de toda la región en particular y el de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en particular”, ha apuntado.
También ha recalcado la necesidad de promover “un gran pacto nacional del agua” que contenga un modelo global de política de agua para toda España, fundamentado en el consenso y desde una perspectiva integradora y de equilibrio territorial.
Para Guarinos, “es inadmisible que el Gobierno de España siga autorizando trasvases desde Entrepeñas y Buendía mes tras mes sin aportar ni una sola gota de agua más en cabecera que suponga garantías para el desarrollo de los municipios ribereños”.
La diputada del PP ha señalado que, por el contrario, “el gobierno del Partido Popular garantizó una lámina estable de agua embalsada por debajo de la cual no es posible autorizar ningún trasvase, lámina que actualmente se sitúa en los 400 hm3 y que el Gobierno del PSOE no ha incrementado en una sola gota de agua”.
Proposición no de ley
El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que pide al Gobierno que no modifique la composición técnica de la Comisión del Acueducto Tajo-Segura, dado que la inclusión de representantes municipales castellano-manchegos rompe la “representación equitativa” de más autonomías.
A través de esta iniciativa parlamentaria proponen que “si se da entrada a los representantes de los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, también se incorpore una representación equitativa” de todas las comunidades autónomas, han señalado en un comunicado.
La propuesta está firmada por la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y los diputados César Sánchez Pérez, Isabel Borrego y Javier García Molina.
IU tacha de “humillante” el nuevo trasvase
Por su parte, Izquierda Unida (IU) de Castilla-La Mancha ha tachado este martes de “humillante” el nuevo trasvase de agua del Tajo al Segura de 20 hectometros cúbicos aprobado para este mes de agosto, por la situación de sequía que sufren los embalses de cabecera.
En un comunicado de prensa, la formación de izquierdas ha lamentado que el trasvase se haya autorizado en un momento “frágil” para los pantanos de Entrepeñas y Buendía, que han perdido 16,84 hectómetros cúbicos en la última semana y se encuentran al 20,69 por ciento de su capacidad total.
Por ello, el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha tildado de “verdadero insulto” la decisión adoptada por parte del Gobierno de España sin tener en cuenta la situación de los embalses y, por extensión del río Tajo.
Sentencias del Tribunal Supremo
El líder regional de IU ha recordado que el nuevo trasvase se produce a pesar de existir cuatro sentencias del Tribunal Supremo que ha dictaminado sobre la ilegalidad de que no existan unos caudales ecológicos mínimos a su paso por Toledo y Talavera de la Reina, y cuando algunos municipios ribereños tienen problemas de abastecimiento.
“Va siendo hora de que la sociedad civil tome las riendas y obligue al Gobierno de España a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y a defender los intereses de Castilla-La Mancha”, ha concluido Crespo. EFEverde
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