Aunque se trata de una de las potestades de su cargo, nunca se había realizado sin el tácito visto bueno de la Junta de Andalucía, que en esta ocasión no ha pedido su convocatoria, al contrario que el Estado, ecologistas, Estación Biológica de Doñana (EBD), y otros miembros a título personal, “una demanda bastante numerosa”, ha indicado a Efe el biólogo.
La Junta de Andalucía ha defendido la ampliación de la superficie regable de cultivos de fresas, moras y arándanos que plantea la proposición de ley aprobada en el Parlamento andaluz el mes pasado por la mayoría que sustenta al Gobierno regional: PP, Ciudadanos y Vox.
Superficie en Doñana
La idea es legalizar al oeste de Doñana una superficie que el Gobierno regional estima en 800 hectáreas, y 1.900 según los cálculos de la ong WWF.
Estas hectáreas se suman a las 9.000 ya legalizadas con el Plan de la Corona Forestal, un amplio y complejo acuerdo firmado en 2014 que ahora salta por los aires.
Para WWF supondrá dar autorización al 97 % de los cultivos en su día ilegales, que han ido tomando agua durante décadas sin permiso del acuífero que sustenta los ecosistemas de Doñana.
El presidente del Consejo de Participación indica que el órgano solo tendrá como tema a tratar este proyecto de ley, sobre el que informarán la Junta, el Estado y la Estación Biológica de Doñana.
[box type=»shadow» align=»aligncenter» ]El encuentro será «on line», pues Delibes desea que así no deleguen su asistencia por motivos de agenda los máximos responsables de cada departamento. Él mismo planteará su posición, como ya hizo en el Parlamento andaluz con claridad, calificando de “irresponsable, desleal, irritante, frívola, inconsistente, un sinsentido” la ampliación agrícola.[/box]
Esta ha causado incluso la ruptura de la asociación de regantes, ya que los de Almonte temen que perderán agua en favor de los de Moguer y Lucena.
La defensa de la polémica iniciativa motivó una visita de la consejera de Agricultura y Desarrollo sostenible, Carmen Crespo, al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkeviciu, tras amenazar la Comisión Europea con sanciones económicas.
En una dura carta, el organismo europeo señaló que la iniciativa de la Junta “agravará” la situación de Doñana y llevará a un “grave riesgo” el cumplimiento de la sentencia previa del Tribunal de Justicia Europeo, condenatoria por los daños que cultivos intensivos generan a “varios hábitats estrictamente protegidos”.
Incluso la Comisión ve un cuestionamiento del “respeto al Estado de derecho por parte de las autoridades”.
Acciones legales
El Estado, a través de la propia ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han advertido que iniciarán acciones legales y que no permitirán la ampliación de una sola hectárea más de regadío en una cuenta que “ha llegado al límite”.
WWF inició una campaña informativa entre las grandes cadenas de supermercados europeas vendedoras de fresas onubenses, 14 de las cuales –entre ellas Lidl, Aldi, Spar y Edeka– han enviado una carta al presidente de la Junta para que frene su idea de ampliar de nuevo las zonas regables, algo que ha ido causando la desecación de las lagunas de Doñana.
La Junta, algunos regantes y varios ayuntamientos replican que el Estado tiene pendientes obras hidráulicas que llevarían agua superficial, sin esquilmar el acuífero, a las fresas.
Una de esas obras, la presa de Alcolea (Huelva), es cuestionada por grupos científicos dado que el agua contendría tan alto grado de metales pesados de la zona minera onubense de la que se nutriría, que su depuración la haría inviable económicamente. EFEverde
