Según explica el Gobierno en una nota, la financiación climática es un tema clave en los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático que ha ratificado España, y en los que también se han establecido compromisos financieros cuantificados por parte de países desarrollados a países en desarrollo.
Para canalizar este apoyo, existen diversos instrumentos financieros específicos, entre los que destacan el citado Fondo de Adaptación, operativo desde 2007 y que se nutre del 2 % de las transacciones de los créditos provenientes de los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo Kioto y de contribuciones voluntarias de los países.
Adaptación al cambio climático
El Fondo es un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la cooperación internacional y de la financiación climática para proyectos de adaptación. España lo ha apoyado desde sus inicios, y es miembro de su Junta de Gobierno.
Tal y como recoge la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Acuerdo de París, España, como país desarrollado, tiene el compromiso de apoyar a los países en desarrollo en materia de cambio climático.
Esta contribución está alineada con la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la que se señala entre sus prioridades la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, así como con el V Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021), que señala como áreas prioritarias de actuación aquellas que contribuyan a la Agenda 2030 y al Acuerdo de París.
Otras contribuciones voluntarias de España
El Consejo de Ministros también ha autorizado la contribución de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, de contribuciones a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por importe de 40.000 euros.
Asimismo, destinará 50.000 euros al Secretariado de la Estrategia del Agua en el Mediterráneo Occidental, 2.000 euros a la Sociedad Meteorológica Europea-EMS y 5.000 al Convenio Aarhus sobre el acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. EFE
