Cerca de un millón de aves muere cada año en España víctima de la caza ilegal, pero “sólo se dictan una o dos docenas de sentencias” por la falta de recursos en la investigación o la escasa formación de jueces y abogados en temas ambientales.
Así lo ha denunciado en declaraciones a Efe el director de Conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, quien ha moderado en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal una de las mesas de trabajo del I Taller Europeo contra el Crimen Ambiental (ENEC por sus siglas en inglés) que organiza esta ONG.
Alcance internacional
El taller ha reunido a más de una treintena de expertos de 18 países europeos y a representantes del Convenio Internacional sobre Especies Migratorias, del proyecto Acciones Europeas contra el Crimen Ambiental y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A lo largo de febrero se desarrollarán otros tres talleres sobre caza y captura ilegal de aves, con el foco en los países del Mediterráneo y en el Convenio de Berna sobre la Conservación de la Vida Silvestre y Hábitats Naturales, lo que “convierte a Madrid en capital europea contra este delito”, ha afirmado Atienza.
Unificar criterios
El director de Conservación de SEO/BirdLife ha lamentado la “falta de homogeneidad” que existe entre los estados europeos para tipificar el delito ambiental y dictar sentencias.
“No se trata de que la condena sea la misma en todos los países, pero sí de conseguir que tenga el mismo efecto”, ha matizado. “En ocasiones, una pena menor puede tener un efecto mayor y, además, disuasorio”.
Impulso a la vía legal
En virtud de un proyecto de la Dirección General de Justicia de la Unión Europea, “vamos a elevar una propuesta a los convenios internacionales para que incluyan en sus hojas de ruta y planes de acción un desarrollo homogéneo de la vía penal en materia de crimen ambiental”, ha explicado Atienza.
“La mayoría de los países de la UE no son conscientes de la magnitud de la caza ilegal en sus países”, ha añadido; “son delitos muy complicados porque se llevan a cabo en el campo y sin testigos, y sólo cuando las ong aportamos datos se dan cuenta de que el problema es mucho mayor de lo que pensaban”.
En España, el delito ambiental está tipificado a través de dos artículos del Código Penal, “pero no los tenemos bien transpuestos a la directiva europea, sencillamente estamos incumpliendo”, se ha lamentado Juan Carlos Atienza.
Sentencias insuficientes
Y en cuanto a las sentencias, “aunque cada vez conseguimos más, aún son insuficientes, tan solo una o dos docenas al año cuando están muriendo un millón de aves”.
Y es que muchas veces los agentes encargados de la investigación del delito “no cuentan con los medios adecuados para ejercer bien su trabajo”, y otras “son los jueces, abogados y fiscales los que no tienen la formación suficiente”.
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