EFEverde.- “El Derecho civil debe ser el que determine las cuestiones de titularidad y habilite así un sistema para la gestión eficaz”, según ha afirmado José María Solano, uno de los responsables de la reforma de la Ley de Montes presentada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).
Durante una Jornada Técnica sobre la nueva normativa organizada en el Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid, Solana ha apuntado además que su objetivo no se reduce a modificar la ley básica sino que incluye aprobar un nuevo reglamento.
Entre los cambios más significativos, Solano ha explicado que muchos montes, sobre todo los de pequeño tamaño, podrán acogerse a unos modelos técnicos de gestión predeterminados por las Comunidades Autónomas porque “entendemos que un proyecto de ordenación es carísimo” y es preciso disponer de “instrumentos más pequeños”.
El representante del Magrama ha resaltado que la reforma permitirá reforzar la filosofía general del dominio público forestal de manera que, al clasificar cada monte en una categoría concreta, la determinación de adquisición preferente, catalogación o descatalogación será realizada por el máximo órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma donde esté situado.
Según Solano el régimen de inalienabilidad y embargabilidad de los montes demaniales o de titularidad pública no se modificará respecto a la ley anterior de 2006.
En defensa de “la importancia” de la propiedad privada, aunque hay distinciones “de peso” en función de cada región se ha mostrado otro de los ponentes en esta Jornada Técnica: el secretario general del Medio Rural y Montes de la Xunta de Galicia, Tomás Fernández-Couto.
Según Fernández-Couto la realidad es que hasta ahora “no ha habido suficiente encaje en la normativa forestal” de este concepto y ha citado el ejemplo de una propiedad de tres hectáreas dividida en quince parcelas, donde es “imposible dotar a todos los propietarios de instrumentos de ayuda”.
Tras reclamar una gestión forestal “sostenible”, ha especificado la necesidad de “equilibrar las necesidades sociales del entorno y el plano económico”, ya que una gestión “sólo ambiental” no tiene por qué ser sostenible.
Para ello ha pedido “unos instrumentos de gestión eficientes” que permitan entre otras cosas acceder a mercados fiscales.
En este punto, Fernández-Couto cree que la nueva ley abre fórmulas para que una pequeña parcela forestal pueda acceder a la figura de monte ordenado.
En su opinión, en el caso de Galicia, un monte público gestionado de forma tradicional y ordenada ha dado como resultado la inexistencia de problemas “importantes”, si bien “está claro que la gente vive de algo y si el monte no genera entradas económicas esa familia no invertirá en él”.
El encargado de la apertura de esta jornada ha sido el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo, quien ha destacado la importancia de la reforma y ha situado como reto principal que “el monte sea rentable”.
Otros asistentes a las jornadas han sido Ignacio Pérez-Soba (decano del Colegio de Ingenieros de Montes en Aragón), Pedro Medrano (director gerente de la Asociación Forestal de Soria), Miguel Ángel Duralde (presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales) y José Causí (director forestal de ASPAPEL). EFEverde
