Golpes, palizas, abandono o desnutrición, junto a los robos, son los delitos penales más abundantes en las últimas estadísticas de la Guardia Civil en relación al maltrato de perros, que se ceba con todas las razas y que aumenta ligeramente.
En los últimos años, los datos no reflejan grandes cambios, pero prácticas como el ahorcamiento han bajado gracias a que hay una mayor persecución y conciencia social, ha explicado a EFE una portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
En 2011, la Guardia Civil contabilizó cinco galgos ahorcados y doce canes de otras razas y al siguiente año fue un galgo y doce perros. “No son cifras preocupantes en comparación con otras que tenemos”.
En conjunto, el Seprona incoó en 2012 un total de 11.337 infracciones penales y administrativas frente a las 10.278 de 2011.
Entre sus actuaciones más numerosas figuran el comercio ilegal, la inspección del transporte o los aspectos higiénicos sanitarios de los alojamientos de los animales.
A pesar de lo que pueda pensarse, la estadística de la Guardia Civil no refleja un mayor número de infracciones en el caso de los galgos, a excepción de los robos y las sustracciones.
“Lo único que sobresale un poco con los galgos es el robo, pero en lo que se refiere a maltrato está por debajo de los parámetros de otros perros de caza y muy por debajo de otras razas. Siempre ha sido así”, ha añadido la portavoz del Seprona.
De los 675 perros robados en 2012, 132 fueron galgos, un número algo inferior a los 177 de 2011, ejercicio en el que el total de sustracciones se elevaron a 943.
Entre los guarismos de la estadística destacan los animales muertos por palizas y golpes: 32 en 2012, frente a los 26 de 2011, y las infracciones penales por desnutrición: de las 95 de 2011 se pasa a las 460 en 2012, y los envenenamiento, de 74 a 83.
Sin embargo descienden ligeramente los abandonos, 426 (2012) frente a los 442 de 2011.
Según ha recordado la portavoz del Seprona, el Código Penal castiga de tres meses a un año de cárcel el maltrato y contempla la inhabilitación especial para el ejercicio de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.
La Guardia Civil siempre actúa de oficio, pero también investiga las denuncias -anónimas o no- de los ciudadanos. “Cada vez son más las personas que se dirigen a nosotros, debido a una mayor conciencia y también lo intentamos fomentar”.
Además, las comunidades autónomas poseen sus respectivas legislaciones de protección animal, de caza etcétera.
La Guardia Civil, que utiliza tanto la vía penal como la civil para perseguir estas prácticas, no posee datos de las sanciones que finalmente se imponen, ya que se limita a investigar y abrir las diligencias, pero no hace un seguimiento del procedimiento y de su resultado.
En época de caza, el Seprona aumenta su actividad, dado que se encuentran más perros en las calles, en especial en zonas de tradición cinegética (las dos castillas, Andalucía y Extremadura). EFE