Murcia.- La enfermedad del perito que realizó un informe sobre los presuntos daños al ecosistema con unos vertidos de salmueras al Mar Menor ha obligado a suspender este miércoles el juicio en la Audiencia de Murcia contra el administrador de dos empresas agrícolas acusado de un delito contra el medio ambiente.
Esta vista oral iba a ser la primera en la que cinco organizaciones ecologistas personadas en las actuaciones iban a representar a esta laguna salada, al estar legitimadas para ello en aplicación de una ley de 2022 que otorgó personalidad jurídica a la misma.
Se trata del primer juicio en el que un espacio natural se persona como acusación y víctima y ante la ausencia justificada del citado perito tanto el fiscal del caso como las acusaciones particulares, entre las que se encuentran cuatro ayuntamientos de la zona, han pedido la suspensión de la vista oral.
El tribunal así lo ha acordado al considerar que como se desconoce cuándo el perito estará en condiciones de declarar, no resulta procedente practicar el resto de las pruebas previstas, como habían propuesto algunas de las acusaciones.
El juicio se iba a desarrollar en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, contra el administrador de dos empresas agrícolas del Campo de Cartagena al que se imputa un delito contra el medio ambiente por los presuntos vertidos contaminantes hechos a la laguna.
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, reclama para el acusado siete años de prisión, multa de 9.000 euros y el pago de una indemnización algo superior al medio millón de euros por los daños producidos al medioambiente.
Considera el ministerio fiscal que el acusado es responsable de haber vertido a esa laguna salada, entre 2015 y 2017, más de 162.000 metros cúbicos de salmuera procedente de las desalobradoras ilegales utilizadas para el riego de las fincas de las dos empresas, que figuran en las actuaciones como responsables civiles subsidiarias.
En esta pieza separada del conocido por «Caso Topillo», en el que se investigan los vertidos contaminantes efectuados al Mar Menor procedentes de explotaciones agrícolas de la cuenca, están personados también como acusación los ayuntamientos de Murcia, San Javier, Los Alcázares y Cartagena.
La acusación particular en defensa de la laguna está ostentada por las organizaciones Amarme, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife, que reclaman que la multa se fije en un millón de euros y la indemnización, en millón y medio.
Además, piden al tribunal que las dos mercantiles supuestamente contaminantes queden inhabilitadas durante tres años para el ejercicio de su actividad.
Por otra parte, el acusado niega toda responsabilidad al afirmar que cualquier vertido cesó en 2006, cuando las fincas dejaron de ser explotadas, además de añadir que con anterioridad la salmuera era enviada a la estación depuradora de Cabo de Palos (Cartagena), por lo que no se causaban daños al ecosistema. EFE Verde
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