Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los dos recursos contenciosos administrativos que presentaron en 2020 y 2021 varias organizaciones ecologistas y sociales contra el Gobierno acusándole de «falta de ambición en la lucha contra el cambio climático».
Uno de los recursos, el 265/2020 impulsado por Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA y Oxfam Intermón, fue presentado frente a la «inactividad climática del Gobierno» a la hora de aprobar «un Plan Nacional de Energía y Clima así como una estrategia a largo plazo» para la reducción de gases de efecto invernadero acorde con los «compromisos asumidos» con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones del Panel Integubernamental de Cambio Climático (IPCC).
El tribunal lo ha desestimado atendiendo a la petición de la Abogacía del Estado por «pérdida sobrevenida» del objeto de impugnación, ya que el Gobierno aprobó su Estrategia a Largo Plazo 2050 unos días antes de la presentación del recurso mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 contaba ya con una versión final en marzo de 2021.
Un 55 % de reducción
El segundo recurso, 162/2021, fue interpuesto por las mismas organizaciones que el primero, a las que se sumó la Coordinadora de ong para el desarrollo, contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2021 que aprobó el PNIEC porque a su juicio no contemplaba una reducción suficiente de las emisiones de gases de efecto invernadero -en referencia a la propuesta de reducción de un 55 %- de acuerdo con lo acordado en París.
El TS recuerda que «en ninguna de las Conferencias anuales (cumbres del clima COP) se ha impuesto mayores determinaciones que las ya examinadas respecto de los compromisos asumidos por las partes» y que la política de la UE en materia de lucha contra el cambio climático «ha adoptado la actitud más ambiciosa» aunque «al momento presente» la reducción de un 55 % de emisiones «constituye una aspiración que no ha logrado el consenso suficiente para su implantación».
Además, indica que «toda actividad de planificación está sometida a un importante margen de discrecionalidad» pero en el caso de la lucha a largo plazo contra el cambio climático «ese margen se ve acentuado» y cita como factores determinantes la pandemia de COVID y la guerra de Ucrania.
En su sentencia, el Supremo impone además las costas de los recursos a los ong, que deberán abonar las cantidades correspondientes.
Ecologistas estudian presentar nuevo recurso
Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA, Oxfam Intermón y la Coordinadora de ong para el desarrollo han anunciado en un comunicado que estudian ya la presentación de un nuevo recurso contra las sentencias del TS por rechazar los dos «litigios estratégicos climáticos de la historia de nuestro país».
La responsable jurídica de Greenpeace España, Inés Díez ha indicado que el tribunal fundamenta su decisión en que «en los compromisos internacionales asumidos por España no se contemplan cuáles deben ser los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero» pero «es una interpretación con la que no estamos de acuerdo» porque según «la mejor ciencia disponible» es «necesaria una reducción de al menos el 55 % de las emisiones».
Los ecologistas consideran que la sentencia contiene varios puntos «conflictivos» como el reconocimiento de «la falta de participación pública en la elaboración del PNIEC» y creen que el TS desestimó los dos recursos «con demasiada ligereza» en comparación con demandas similares en otros países europeos.
El comunicado advierte de que «la obligación legal podría cambiar de sentido» ante el proceso judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de las Klimaseniorinen o asociación de mujeres mayores de Suiza cuya sentencia se espera para finales de 2023 y que sería «automáticamente vinculante en España». EFEverde
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