Por Anil Markandya, Teresa Ribera e Ibon Galarraga.- Hace apenas dos meses volvíamos de la conferencia anual de NNUU sobre el clima con una sensación agridulce respecto al avance de las negociaciones, pero con la certeza de que el compromiso mundial en la lucha contra el cambio climático terminará de germinar en Paris en el 2015.
EEUU, China, Europa y otros muchos países ya han puesto sobre la mesa su decisión inequívoca de transitar hacia una economía baja en carbono en las próximas dos décadas. Estudios recientes recuerdan que a nivel mundial será necesario invertir 90 trillones de dólares en infraestructuras en los próximos 15-20 años, y es imprescindible que estas inversiones se orienten, entre otras, hacia viviendas energéticamente eficientes, sistemas de transporte sostenible y ciudades resilientes al cambio climático.
España es uno de los países que debe tomar una decisión estratégica respecto a cómo afrontar el futuro en el marco de la ambiciosa política climática de la Unión Europea (40% reducción de emisiones para 2030, lograr una cuota de 27% de renovables y aumentar en 25% la eficiencia energética). Y esto implica que el Gobierno debe decidir entre liderar esta transición y apostar por una política climática ambiciosa y cuidadosamente articulada con la política energética, industrial y de transporte, entre otras; o esperar a que sean otras instancias quienes impulsen estas transformaciones y adaptarse lo mejor posible a lo que acontezca.
El sentido común (y el estratégico) aconseja lo primero, es decir, tomar las riendas de esta evolución desde el impulso de una política de país bien planificada y que permita reducir riesgos así como aprovechar oportunidades que, sin duda, existen. Y algunos de los motivos son los siguientes:
En primer lugar, porque asegurar el bienestar de la ciudadanía y una estabilidad económica que genere empleo y riqueza bien distribuida entre todos/as exige hacer frente a la vulnerabilidad del sistema energético español, que actualmente cuenta con un índice de dependencia energética importada que alcanza casi el 80%; que es dependiente de recursos cada vez más escasos (o al menos escasos a precios asequibles a medio plazo, a pesar de estar viviendo una coyuntura de desplome del precio del petróleo); y que los recursos están ubicados en países lejanos con una considerable inestabilidad político-económica. La inestabilidad en los precios de las materias primas energéticas son un riesgo añadido cuya gestión no resulta sencilla y con potenciales impactos financieros importantes en la economía española.
España cuenta con una economía cuya intensidad energética y de carbono es cercana a la media de EU28 pero muy alejada aún de los índices de países de referencia como Suecia, Finlandia o Reino Unido y distante también de la media EU15. No parece, sin embargo, que éste sea un elemento protagonista en la planificación de infraestructuras energéticas que el Gobierno acaba de dar a conocer.
En segundo lugar, porque España está sufriendo ya las consecuencias de un cambio climático cuya inercia hace que, aunque seamos efectivos en la reducción de emisiones a nivel global, sigamos enfrentando periodos de escasez de agua cada vez más largos, mayores daños como consecuencia de inundaciones y eventos fenómenos marítimos costeros extremos u otra serie de impactos indirectos sobre la economía o sobre el bienestar. Adaptarnos a estos impactos así como minimizar los daños asociados va a requerir inversiones muy cuantiosas para aumentar la resiliencia de las infraestructuras y sectores económicos.
En tercer lugar, la tan deseada y necesaria recuperación económica debe poder ir encaminada al nuevo modelo de economía baja en carbono. Y eso supone apostar claramente por un modelo de crecimiento “verde” y en línea con los cambios necesarias a escala mundial, frente a seguir apostando por el tradicional modelo “marrón” que parece ya agotado. Losbeneficios de un mundobajo en carbono merecen un reconocimiento creciente. Numerosos estudiosdemuestran quela reducción del usode combustibles fósilestendráimportantes beneficios en la salud y en la economía, por lo que resulta muy recomendable invertir en mayor eficiencia energética en los hogares, en transporte limpioy en generación eléctrica menos contaminante. Lospaíses y las empresasque invierten endichos cambiostambién encontraránmercados en el extranjero receptivos a este tipo de inversiones.
España se encuentra ahora en la antesala de un cambio estructural importante. Un cambio que puede ser planificado o sobrevenido. En la decisión estratégica de anticiparse o no a este al mismo radica, en gran medida, la posibilidad de lograrlo de manera eficiente.
Leíamos hace poco que nuestra generación es la primera en sufrir los impactos del cambio climático y la ultima en tener en sus manos la posibilidad de frenarlo. El Gobierno de España debería aprovechar esta coyuntura para debatir en profundidad cuales son los escenarios de descarbonización por los que puede transitar, buscar el apoyo de todos los agentes socio-económicos y enviar señales claras, consistentes y de largo plazo para que se materialicen las inversiones necesarias en tecnologías bajas en carbono y en ahorro y eficiencia energética. Los retrasos y titubeos del Gobierno en esta materia se interpretaran como indicación de que no existe un horizonte estable para estas inversiones, y sin ellas, el cambio estructural necesario no será posible.
Fijar un precio para el carbono es una de las señales más importantes de cara a incentivar la innovación y la I+D en este campo y de encontrar la forma más eficiente (y eficaz) de lograr esta transición. Pero hay muchas otras cosas que resultan también fundamentales como: el promover y construir consensos respecto a este reto; el alineamiento gradual de políticas regulatorias y fiscales de apoyo alos objetivosparaunfuturo bajo en carbono; el diseño de estrategias de apoyo a grupos y sectores vulnerables; el impulso de eficiencia y rehabilitación en sectores clave como transporte y vivienda, la optimización de los sistemas de gestión de la demanda energética, tecnologías de generación y transporte de energía, la gestión de la vulnerabilidad de infraestructuras, sectores y sistemas económicos-sociales, y un largo etc.
Aún estamos a tiempo. Esperemos que el Gobierno desee liderar con firmeza esta transición tan necesaria.
