El Govern balear pondrá en marcha una ley para el verano de 2019 para que solo puedan entrar en la isla vehículos que cuenten con un permiso previo, para reducir así la presión turística.
Formentera alberga en temporada alta a 47.000 residentes de hecho, entre visitantes, vecinos y trabajadores de servicios, lo que supone cuatro veces su población empadronada
A su vez, unos 30.000 vehículos circulan por la isla, una presión que el Govern, atendiendo a la demanda unánime de las fuerzas políticas formenterenses, se ha propuesto aliviar.
Propuesta legislativa
Marc Pons, conseller de Territorio, Energía y Movilidad ha expuesto en la jornada de hoy el contenido del borrador de la Ley de Medidas Urgentes de Sostenibilidad Ambiental y Turística para la Isla de Formentera, que Francina Armengol, jefa del ejecutivo autonómico, presentó ayer a las entidades sociales en la isla.
Esta legislación será aprobada a finales de este año o principios de 2019 y habilitará al Consell de Formentera a fijar un límite de vehículos en temporada turística incluyendo coches y motos de los residentes, flotas de las empresas de alquiler, y a la asignación de tarjetas, solicitadas con antelación por los visitantes, que serán imprescindibles para desembarcar en la isla.
El conseller ha destacado que tanto el techo de vehículos como la temporada en que será preceptiva la tarjeta de circulación especial serán determinados a partir del análisis de la situación del próximo verano, en que se prevé que se superen las cifras de visitantes y coches de los anteriores debido al crecimiento anual en torno al 7 % que se ha dado hasta el momento.
Efectos del turismo
Los problemas de circulación de la isla en temporada alta y el “riesgo de ruptura del equilibrio medioambiental” que genera justifican la adopción de medidas pioneras en España, cuyos precedentes son únicamente la isla italiana de Capri, ocho veces menor, y algunas pequeñas islas de los Países Bajos, ha indicado Pons.
El conseller ha subrayado que, en paralelo a la restricción de motos y coches, se mejorará el transporte público en la isla para garantizar la movilidad de los visitantes.
Actualmente están registrados en la isla más de 10.000 vehículos de residentes y de empresas de alquiler, mientras que el resto provienen principalmente de las empresas de alquiler para atender la demanda de turistas.
Limitaciones a los vehículos
Aunque el conseller no ha concretado dicho límite, ha asegurado que el propósito es reducir los 30.000 garantizando el derecho de circulación de los residentes, el transporte de mercancías y el de personas con movilidad reducida y fomentar los vehículos eléctricos.
El número de vehículos que podrá tener cada residente, las excepciones para los trabajadores de temporada, las fórmulas de adjudicación de las tarjetas para flotas de alquiler y el cupo que se reservará para vehículos particulares foráneos dependerán de lo que fije el Consell insular cada temporada.
El control de las autorizaciones de los vehículos que no sean de residentes o de empresas autorizadas que los tengan todo el año en la isla corresponderá a las navieras que transporten carga rodada hasta la isla.
Pons ha destacado que el “paso valiente” que supone la futura ley está avalado por el consenso social y político existente en la pitiusa menor y por las competencias que tienen en materia de turismo, transporte y medio ambiente el Govern y el Consell insular, que además es el ayuntamiento de la isla. EFEverde
