Madrid.- Diputadas y representantes brasileñas y españolas de la sociedad civil han pedido en Madrid que “no se presione desde la Unión Europea (UE)” al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para la ratificación del tratado de libre comercio UE-Mercosur por los impactos ambientales y en comunidades locales, en el marco de la visita que hace a España.
Revisión del tratado
La diputada María Dantas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), junto a las activistas brasileñas Maureen Santos y Lucia Ortiz, ha comparecido delante de la puerta de los leones en el Congreso de los Diputados coincidiendo con la llegada de Lula y ha señalado que el tratado UE-Mercosur se negoció durante el gobierno de Jair Bolsonaro, por lo que es necesario “revisar su contenido”.
En el acto han estado también presentes además la portavoz de ERC Marta Rosique, el diputado de BNG Néstor Rego y representantes de Ecologistas en Acción.
Lula culmina una gira internacional en España, país que presidirá a partir de junio la presidencia de la Unión Europea, que negocia la ratificación del tratado con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) desde hace dos décadas.
La diputada Dantas ha señalado que durante esta legislatura se han planteado varias cuestiones al Ejecutivo sobre el tratado, porque “hay mucho secretismo sobre el documento”, y ha asegurado que “muchas veces nos enteramos de pasos que se han ido dando por la prensa o por filtraciones”.
Ha expresado su apoyo a “las más de 450 organizaciones europeas” que instan a las parlamentarias a no refrendar “un acuerdo que daña el medioambiente, los ecosistemas, los biomas, a toda las comunidades, los agricultores y también la Amazonía”.
Dantas, de origen brasileño, ha subrayado que exigen que el acuerdo “pase por el Parlamento”, y se tenga “toda la información para poder hacer todo el control, porque no podemos aceptar un acuerdo que se hizo durante el gobierno conservador”.
Apertura a la participación social
Maureen Santos, del Frente brasileño contra el tratado UE-Mercosur y consejera del Consejo de Participación Social, ha indicado que el tratado fue firmado durante “un gobierno antidemocrático en 2019”, y Lula tiene “muchas presiones para que se acepte la ratificación”, pero su firma fue realizada “sin transparencia alguna”.
El tratado debe ser “abierto a una consulta y participación social”, conclusión a la que se llegó en la reunión internacional de las más de 120 organizaciones, sindicatos y ONG del Frente contra el tratado que se realizó en Brasil, y “porque la participación social está contemplada en la agenda del Gobierno de Lula”.
Además, ha asegurado que “en España no se habla del tratado ni con el Parlamento ni con la sociedad civil”, un instrumento comercial del que tienen que conocerse “los impactos e implicaciones tanto para la agenda del clima, ambiental y económica como para los países firmantes”.
Justicia climática y medioambiente
Lucía Ortiz, presidenta de Amigas da Terra Brasil y miembro del Frente, ha manifestado que “es un tratado neoliberal y neocolonial”, con muchos aspectos negociados en un contexto diferente, donde la agenda “tanto de justicia climática o preocupaciones ambientales están en el centro de las negociaciones, pero faltan los derechos de los pueblos al acceso a la información del contenido”.
Ha demandado diálogos, participación y consultas ciudadanas -“como Lula aseguró en su programa”-, y que no se priorice la exportación solo de materias primas. Sin embargo, prosigue, “este acuerdo es sobre eso, exportar materias primas agrarias y de minería hacia Europa, con todos los conflictos e impactos que suponen en los pueblos y territorios de los países del Mercosur”.
Además, la ratificación del tratado supondrá, dice, “importar lo que en Europa ya no se necesita, como los automóviles a combustión de Alemania o los pesticidas, siendo Brasil el mayor importador de estos agroquímicos que generan una emergencia para la salud de las personas, tras la liberación de más de 2.000 pesticidas durante el gobierno de Bolsonaro y siendo sustancias prohibidas en Europa”.
Según Ortiz, “el tratado recoge la privatización de servicios, contrario al programa de Lula y, además, entre otros temas de políticas públicas, defendió la producción local, que es una forma de combatir la crisis climática, lo contrario a lo que recoge el tratado”.
Después de la comparecencia, las activistas se reunirán con representantes de los grupos parlamentarios Más País, Compromís, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Grupo Republicano, Unidas Podemos, Bildu, CUP, Grupo Mixto y PSOE en el Congreso en Madrid. EFEverde