Los agricultores del entorno de Doñana tienen claro que el problema de los regadíos de esta zona es la escasez de agua superficial, un recurso indispensable para garantizar su futuro y la conservación del espacio natural, ya que permitiría poner fin a las extracciones del sobreexplotado acuífero 27, que nutre al Parque Nacional.
Estos regadíos protagonizan estos días un debate político a raíz de aprobación en el Parlamento andaluz de dos iniciativas apoyadas por el PP, Ciudadanos y Vox, que contaron con una polémica abstención del PSOE, para regularizar las zona regables de esta zona.
Aunque estas iniciativas cuentan con el apoyo de una amplia mayoría de agricultores, también son rechazadas por otros, lo que ha provocado una ruptura inédita hasta ahora.
El Plan de la Fresa
Para entender lo que sucede con esas hectáreas hay que remontarse a 2014, cuando se aprobó el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, también conocido como Plan de la Fresa, cuyo objetivo era solucionar el problema de la expansión no planificada de regadíos e invernaderos.
El plan, que afecta a una superficie de 64.457 hectáreas, delimitó como “suelos agrícolas regables” un total de 9.814 que estaban en regadío una década antes, en 2004, fecha de entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).
La aplicación del Plan de la Fresa no ha conseguido frenar la agricultura ilegal en la zona ya que, según el último informe realizado por WWF, siguen siendo unas 4.700 las hectáreas regadas sin autorización y más de 1.000 los pozos al margen de la ley, aunque se ha incrementado la labor de vigilancia y sancionadora.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Desde 2014 se han abierto casi 200 expedientes: 151 en materia forestal -83 en Lucena del Puerto, 50 en Moguer, 11 en Bonares y 5 en Rociana-; 43 en materia de aguas y dos en materia urbanística, al tiempo que se han clausurado 420 pozos ilegales y han sido dictadas varias sentencias judiciales condenatorias por el uso ilegal del agua en esta zona.[/box]
Ahora se plantea una regularización de unas 800 hectáreas distribuidas por los cinco municipios a los que afecta el plan y que quedaron fuera de regulación en 2014 pese a haber estado muchas de ellas trabajadas desde los 60 o haberse puesto otras en cultivo entre 2004 y 2006 “con ayudas de la administración y en terrenos regables”, ha indicado a EFE el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Romualdo Macías.
“El aplicar el plan con carácter retroactivo a 2004 supuso cargarse de un plumazo, al pasar el terreno de regadío a secano, la actividad de decenas de pequeños y medianos agricultores; por eso entendemos que al regularizarlas, lo que hacemos es recuperar esos terrenos históricos y dotarlos de legalidad”, ha explicado.
La regularización no supondrá que se aumenten las extracciones para riego, ya que, de facto, estas tierras “han continuado plantándose desde 2014, de ahí que algunos los llamen agricultores ilegales, pero sí les permite quedar a la espera de agua superficial”, ha añadido.
Por ello, defienden las proposiciones de ley y aseguran que la regularización “no tocará ni un milímetro de Doñana, ni de la zona forestal, porque son tierras actualmente en cultivo”.
“El problema que tenemos en la agricultura del Condado no es un problema de tierras, sino de agua, necesitamos unas infraestructuras hidrológicas, entre ellas, un trasvase de 14,9 hm3 -desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir- que está aprobado desde diciembre de 2018, y del que aún no ha llegado una gota”, ha dicho Macías, que ha recordado que para que pueda hacerse efectivo se necesita la ejecución de tres infraestructuras hidráulicas: la presa de Alcolea, el desdoble del túnel de San Silvestre y la tubería del trasvase.
En su opinión “una vez que llegara este trasvase y el agua superficial a la zona del Condado se quitaría todos los pozos subterráneos, acabando por tanto con las extracciones al acuífero 27, que es donde está el problema y sería todo una agricultura superficial y seríamos 100 % compatible con el medioambiente”.
Una regularización “inoportuna”
Frente a esta posición, están los agricultores de la Asociación Puerta de Doñana de Almonte (Huelva), respaldados por el Ayuntamiento, quienes basan su oposición, principalmente, en la falta de agua.
Entienden que dicha regularización es “inoportuna” porque el Plan de la Fresa está en fase de aplicación, si bien, su presidente, Juan Mato, aseguró hace unos días que no se oponen a que se regularicen las tierras, “pero sí a que el agua superficial que tiene que venir se destine a tierras que no sean Almonte; Almonte es Doñana, no entorno de Doñana, y ese agua superficial es vida para el espacio natural”.
Coinciden, por tanto, todos los agricultores en señalar la falta de agua superficial como el problema principal que impide que naturaleza y agricultura coexistan en el entorno del Espacio Natural de Doñana, Patrimonio de la Humanidad. EFEverde