EFEverde.- El Congreso de los Diputados rechazó las siete enmiendas de devolución planteadas contra la reforma de la Ley de Montes, que la oposición contempla como una vía de entrada a la especulación en los terrenos incendiados y un modo de restar competencias a los agentes forestales en investigación de delitos.
La enmiendas a la totalidad fueron presentadas por PSOE, BNG, Esquerra, Compromís, PNV, UPyD e Izquierda Plural, pero el PP las vetó gracias a su mayoría parlamentaria.
Solo CiU se pronunció a favor del texto, con la matización de que presentará un conjunto de enmiendas para su mejora durante la siguiente fase de tramitación parlamentaria.
En la defensa del proyecto, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, insistió ante el pleno del Congreso en que las funciones de los agentes forestales “no cambian sino que se mejora la coordinación” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando ambos concurran en la misma investigación, “aproximadamente en un 2 % de los casos”.
Aseguró asimismo que los cambios de uso de terrenos incendiados sólo serán viables cuando existan razones imperiosas de interés público de primer orden.
La recalificación necesitará de la aprobación de una norma con rango de ley, lo que exigirá un proceso de participación pública y la reposición de una superficie equivalente a la que ha cambiado el uso, añadió.
Tercera reforma en 10 años
Los principales fines de esta reforma, la tercera en diez años, son la protección de la biodiversidad, la creación de empleo y riqueza de la población rural, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático.
Durante su turno de defensa de la enmienda a la totalidad, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, señaló que la posibilidad de recalificar un terreno incendiado es como dar “armas de destrucción masiva a los especuladores y delincuentes”.
Tras desearle a la ministra una buena gestión respecto al buque ruso hundido al sur de Gran Canaria, Lucio definió la reforma de esta ley como “profusa, difusa y confusa”, con “excesivas” competencias a las comunidades autónomas a la hora de aprobar dichas recalificaciones, al tiempo que resta capacidades a los agentes forestales y medioambientales.
La norma “explicita una subordinación al Seprona de la Guardia Civil, merma la capacidad de actuación de investigación y denuncia y suprime su condición de policía judicial”, ha subrayado.
Un grupo de agentes forestales siguió el debate desde la tribuna de invitados de la Cámara, después de protagonizar por la mañana una protesta a las puertas del Congreso, apoyados por ecologistas, sindicatos y partidos de la oposición.
El diputado de Izquierda Plural Josep Pérez Moya razonó que la propuesta del Gobierno no puede ser válida cuando se presentan siete enmiendas a la totalidad: “Alguna cosa no se estará haciendo bien”.
Tras destacar a los agentes forestales como uno de sectores más perjudicados por la aplicación de la futura norma, ha criticado los que ha calificado como fines “especulativos” de la reforma y la “invasión de competencias”.
Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) felicitó de forma irónica al Gobierno, porque puso de acuerdo a toda la oposición con este tipo de leyes de carácter “regresivo” y lanzó la sospecha de que en el futuro se quiera privatizar el cuerpo de agentes.
En la línea del resto de grupos, también criticó la posibilidad de recalificar los terrenos incendiados antes de que transcurran los 30 años establecidos en la normativa vigente.
Olaia Fernández Davila (BNG), Teresa Jordà (Esquerra), Maite Ariztegui (Amaiur), Joan Baldoví (Compromís-Equo) y Joseba Agirretxea (EAJ-PNV) mostraron también su preocupación, porque “se abre la puerta” a la especulación y se dificulta la investigación de delitos por parte de los agentes forestales, rurales y medioambientales.
La popular María Teresa de Lara mostró su “estupor e indignación” por las palabras de la oposición, que mostraban “en general un profundo desconocimiento del texto”. EFEverde
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