La propuesta española, remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, pide que se graven los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas para costear medidas de adaptación al cambio climático. El planteamiento llega después de un verano marcado por la sequía y los graves incendios forestales que han afectado a distintos puntos de Europa, y se enmarca en una estrategia más amplia con la que Madrid quiere reforzar la respuesta comunitaria frente a los riesgos climáticos.
La Comisión, por su parte, ha anunciado que presentará antes de que termine el año un nuevo marco europeo de resiliencia climática y gestión de riesgos destinado a mejorar la preparación y adaptación de la UE ante los efectos del cambio climático. La portavoz de Clima de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, señaló que, además de las negociaciones presupuestarias, el Ejecutivo comunitario prepara para final de año una estrategia de resiliencia y adaptación que considera crucial para preparar a Europa frente a fenómenos climáticos que, dijo, no van a desaparecer.
Propuesta española
España propone la creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático, dotado con nuevos recursos. Entre ellos figura un gravamen europeo para la resiliencia climática sobre los beneficios del sector del petróleo y del gas. El documento también plantea estudiar otras opciones, como instrumentos de deuda europeos, con el objetivo de asegurar financiación suficiente para acelerar la adaptación en toda la Unión.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la propuesta española apuesta por un enfoque integral que permita anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar la resiliencia en la planificación y en las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y crear las condiciones financieras necesarias para acelerar la adaptación en toda Europa. El Gobierno español sostiene además que Europa necesita un conocimiento común de los riesgos climáticos basado en la ciencia y considera esencial promover evaluaciones quinquenales de estos riesgos a escala europea, nacional y regional.
La iniciativa española no se limita a la financiación. También propone establecer un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas, reforzando los mecanismos de rescEU para crear un sistema europeo de despliegue rápido con recursos compartidos. En la misma línea, plantea incorporar instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática, entre ellos un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayude a cubrir las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y otros eventos relacionados con el clima. Ese mecanismo, según el documento, podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático.
España defiende igualmente que la resiliencia climática debe integrarse plenamente en la arquitectura financiera de la UE, con criterios de resiliencia en el diseño del Marco Financiero Plurianual. También reclama que el sector financiero comunitario siga integrando los riesgos climáticos en todos los programas de inversión, concesión de préstamos y seguros. Para el Ejecutivo español, no bastan respuestas reactivas ante cada episodio extremo, sino que hace falta un marco estable capaz de ordenar la prevención, la inversión y la gestión de emergencias.
Marco europeo
La Comisión precisó que el nuevo marco incluirá medidas legislativas y no legislativas y que su objetivo será mejorar la prevención, la preparación y la planificación ante unos riesgos climáticos cada vez mayores. Sin entrar en cifras concretas, Bruselas subrayó como prioridad garantizar que las inversiones estén bien orientadas para minimizar también la carga financiera futura asociada a estos impactos. La portavoz comunitaria recalcó asimismo que este trabajo venía desarrollándose desde antes de los incendios del verano, aunque esos episodios hayan intensificado el debate sobre la urgencia de actuar..
Bruselas, no obstante, ha recordado que la fiscalidad sobre los beneficios extraordinarios sigue siendo una competencia nacional. La portavoz comunitaria de Fiscalidad, Louise Bogey, indicó que los Estados miembros pueden actuar con arreglo a su legislación nacional, siempre respetando el marco europeo. Esa precisión introduce cautela sobre el recorrido inmediato de la propuesta española de crear un gravamen europeo específico sobre petroleras y gasísticas, aunque no invalida el debate político de fondo sobre cómo financiar la agenda verde y la adaptación climática.
Con todo, el movimiento de España y el anuncio de la Comisión reflejan una misma tendencia: la agenda climática europea entra en una fase en la que la adaptación, la gestión del riesgo y la financiación ganan peso frente a un escenario de sequías, incendios y temperaturas extremas. La discusión ya no se limita a reducir emisiones, sino también a decidir quién paga la factura de una crisis climática que está elevando los costes económicos, sociales y presupuestarios para la Unión.
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