Tras varios años de aparente tregua entre las autonomías y el Gobierno central, el cambio en los gobiernos regionales y la escasez de agua en el Tajo han causado la reapertura de la batalla política por el agua, liderada por Castilla-La Mancha, que exige la paralización inmediata de los trasvases al Segura.
Los pantanos de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, desde los que se desembalsa el agua que va a parar al Segura acumulan 398 hectómetros cúbicos, poco más del 16 % de su capacidad total y ya por debajo de la reserva mínima fijada como límite para prohibir los trasvases.
Esa reserva estaba hasta 2013 en 240 hectómetros cúbicos, pero se amplió en virtud del memorándum firmado por todos los gobiernos autonómicos a los que afecta la cuenca del Tajo y el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Miguel Arias Cañete.
Sin embargo, la legislación en la que se recogió el memorándum del Tajo estableció un período transitorio de cinco años para alcanzar la reserva de 400 hectómetros cúbicos, de modo que en 2015 el límite a partir del cual no se puede trasvasar está en 304 hectómetros, en 2016 estará en 336 y se irá ampliando en 32 hectómetros por año hasta alcanzar los 400.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, beligerante en este asunto desde que tomara posesión el socialista Emiliano García-Page, ha exigido hoy al Ministerio que cesen de manera inmediata los trasvases desde la cabecera del Tajo al Levante.
La consejera de Fomento castellanomanchega, Elena de la Cruz, ha advertido de que, de lo contrario, Castilla-La Mancha adoptará “las medidas legales que fueran pertinentes”.
También la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha reclamado el freno de los envíos de agua, el último de ellos, de 20 hectómetros cúbicos, autorizado el día 31 de julio.
Pero el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha respondido que aplica “escrupulosamente” la normativa vigente en la gestión del trasvase Tajo-Segura, que, en las condiciones actuales, permite seguir transfiriendo agua de una cuenca a otra.
En ese contexto, el Gobierno de Murcia ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad”, pues no se ha alcanzado el límite establecido para dejar de trasvasar agua.
La consejera de Agricultura de Murcia, Adela Martínez-Cachá, ha declarado a Efe que para que no hubiera trasvases la cuenca del Tajo tendría que estar en nivel 4 “y no lo está”, por lo que “no hay que sacar las cosas de quicio”.
En términos similares se ha expresado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, quien ha pedido a Castilla-La Mancha que no “juegue con el agua” y que ese recurso “no se utilice en campaña electoral con fines partidistas”.
Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, esta circunstancia revela un “doble engaño”, pues se hizo creer a la sociedad de la comunidad autónoma que se había elevado el umbral no trasvasable a 400 hectómetros cúbicos y también se transmitió que esos 400 hectómetros “son suficientes para tener un río digno”.
“Si algo ha demostrado lo que ha pasado este verano es que ni siquiera con 400 hectómetros deja de ser la cabecera del Tajo poco más de lodazal, el Tajo medio a su paso por Toledo un estanque y por Talavera un riachuelo”, han declarado a Efe fuentes del Ejecutivo de esa comunidad.
Se ha reabierto de este modo una polémica aplacada en los últimos años, cuando tanto el Gobierno central como los de Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana estaban en manos del PP y firmaron el citado memorándum.
Ahora, García-Page ha señalado entre sus prioridades dar la batalla por el agua del Tajo, en tanto que su compañero de partido y presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ya se ha mostrado partidario de mantener el trasvase “en los términos en los que está”, al igual que el Gobierno de Murcia, que sigue en manos del PP. EFE
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