Tras haberse llegado a un acuerdo sobre el reglamento de la política pesquera común, y sobre la organización del mercado común de productos de la pesca, el próximo 10 de julio la Comisión de pesca del Parlamento Europeo establecerá su opinión sobre la tercera y última pata de la reforma de la política pesquera común. Decidirá sobre el uso que se dará a los aproximadamente 6.500 millones de euros de fondos públicos europeos que se prevé destinar al nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en el periodo 2014-2020. Para España la negociación es muy importante ya que se prevé que sea el principal receptor de estos recursos. Si se mantienen proporciones similares a las recibidas en el periodo anterior estamos hablando de entre 1.100 y 1.500 millones de euros.
Desde la perspectiva ambiental tan relevante como la cantidad acordada para cada país se discutirá qué posibles usos podrán tener los fondos disponibles. El próximo 10 de julio justamente se votarán, entre otros aspectos, qué líneas de financiación podrán utilizar posteriormente los gobiernos. Por ello es un momento oportuno para señalar la importancia de mantener una coherencia entre los usos permitidos para el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y algunas claves ambientales:
1.- Es necesario asegurar la coherencia con lo comprometido en junio de 2012 en la reunión de Río+20 de desarrollo sostenible, y con el posicionamiento oficial de la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio sobre el uso de fondos públicos en la pesca. En ambos casos la Unión Europea se comprometió a eliminar las subvenciones que favorezcan la sobrepesca y que supongan una distorsión al mercado pesquero. Estos compromisos deberían ser suficientes para rechazar algunas propuestas que están hoy sobre la mesa de negociación del Parlamento Europeo a través de las cuales se quiere subvencionar la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras y la renovación por substitución de las mismas. Si bien es cierto que la propuesta en discusión trata de imponer algunos recortes en la capacidad nominal de las embarcaciones que quieran recibir el apoyo público – en el caso de la substitución de embarcaciones-, y limitarla a aquellos stocks sin sobrecapacidad, lo cierto es que tal como establece el informe El exceso de capacidad pesquera en la reforma de la política pesquera común (publicado en diciembre de 2012 por el propio Parlamento Europeo): “La actual definición de capacidad pesquera y los límites que establece la política pesquera común para la capacidad no son eficaces para analizar y limitar sus posibles excesos”, por lo que existe un evidente riesgo de estar invirtiendo en sectores sobredimensionados en claro conflicto con el compromiso de Río+20. Por otra parte es además difícilmente justificable que esta medida se pueda interpretar como un uso eficiente de los recursos disponibles cuando resulta evidente que –tal como veremos a continuación- otras actuaciones son necesarias, y suponen una mejora para el conjunto del sector y no un actor privado concreto.
2.- Continuamos sufriendo una gran falta de datos, tanto biológicos como socioeconómicos, relacionados con la pesca, y ambos son necesarios para implementar una aproximación ecosistémica a las pesquerías, tal como la propia Comisión de pesca del Parlamento Europeo aprobó recientemente en la nueva política pesquera común. Un mejor conocimiento científico – y su debida aplicación – facilitaría la estabilidad en las capturas que requiere el sector y la aplicación de políticas pesqueras que permitan la recuperación del ecosistema marino. Pero hoy en día en muchas ocasiones, no se dispone de una información suficiente para realizar evaluaciones adecuadas, y por tanto recomendaciones políticas ajustadas a la realidad existente. Las insuficiencias en la información disponible son muy claras si, por ejemplo, tenemos en cuenta que actualmente – según el Informe de oportunidades pesqueras para el 2014 publicado en mayo de 2013 por la Comisión Europea- sólo en el 50% de los stocks del Atlántico Noreste es posible establecer el estado en el que están las pesquerías; y la situación de desconocimiento es aún mucho mayor en el Mediterráneo. Por ahora la propuesta de la Comisión Europea no es suficientemente ambiciosa, únicamente un 15% de los recursos se destinan a recopilación de datos y gestión pesquera. Deberíamos tratar de conseguir una proporción mayor, y que los fondos destinados a estos fines no se puedan desviar a otros usos.
3.- En tercer lugar es imprescindible que los fondos sólo puedan ser usados por aquellos actores (ya sean públicos o privados) que cumplan las legislaciones – tanto las pesqueras como las derivadas de las obligaciones ambientales en el ámbito marino- , eliminando el acceso a los recursos públicos en caso de incumplimiento. Esta propuesta es un principio básico para asegurar un buen uso de los fondos públicos.
Prioridad para la recogida de datos y análisis científico, evitar el uso de fondos que puedan favorecer el aumento de la capacidad de pesca, y el establecimiento de mecanismos de condicionalidad para la recepción de los fondos públicos son tres claves ambientales para una mejor financiación de pesca. El próximo 10 de julio los parlamentarios europeos tienen la palabra.
Miguel Ortega Cerdá es Coordinador político de OCEAN2012 en España: miquel.ortega@ocean2012.eu
