Según han informado hoy las organizaciones ecologistas WWF y SEO/Birdlife en una nota de prensa, esta denuncia contra el Estado español demuestra «un fracaso en las políticas de conservación de la Naturaleza por parte de España, y muy particularmente por parte de las comunidades autónomas«.
Estas organizaciones han advertido que la denuncia no debería suponer una aprobación «masiva» de planes de gestión «de baja calidad«, ya que eso supondría, según la misma fuente, un cumplimiento formal a la normativa europea pero no evitaría que la denuncia prosiguiese por no dar respuesta a las necesidades de la Red Natura 2000.
La pasada semana la Comisión Europea remitió una carta de emplazamiento a España -como primer acto formal de un proceso de infracción- por no declarar los Lugares de Importancia Comunitaria en Zonas Especiales de Conservación y por no adoptar medidas de conservación en estos lugares, han explicado los ecologistas.
La situación «es muy grave», ya que más de 1.000 espacios protegidos de la Red Natura 2000 carecen todavía de una declaración efectiva y de un plan de gestión que contenga objetivos y medidas de gestión que aseguren su conservación.
Según Juan Carlos Atienza, director de Conservación de SEO/BirdLife, esta situación está llevando a una degradación progresiva de los espacios protegidos, lo que supondrá un mayor coste económico para lograr que estén en buen estado de conservación.
A su juicio, «es mucho más sencillo y barato conservar lo que tenemos que luego recuperar especies y hábitats con costosos programas de recuperación y restauración«.
Según el análisis que han realizado estas dos organizaciones, de todos los planes que han sido puestos a información pública hasta el momento, prácticamente ningún borrador incluye objetivos de conservación y medidas de gestión para todas las especies y hábitats a los que están obligados.
Por lo tanto, de aprobar estos borradores de planes las comunidades autónomas sólo evitarían una denuncia por incumplir los plazos, pero no por su contenido.
Luis Suárez, responsable de Biodiversidad de WWF España, ha señalado que «el objetivo es que España cuente con documentos de gestión que sean útiles y eficaces para asegurar que nuestros espacios protegidos estén en un buen estado de conservación y cuenten con una financiación suficiente«.
Los ecologistas han asegurado que el retraso en la declaración de las Zonas Especiales de Conservación y en la aprobación de los planes de gestión por parte de las comunidades impiden aplicar más fondos comunitarios en estas zonas, no sólo para la gestión de los espacios, sino para activar medidas y políticas de desarrollo rural que beneficien a las personas que viven en ellos. EFEverde
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