Condenado un ganadero por envenenamiento masivo de fauna

Además, el condenado tendrá que indemnizar al Gobierno de Cantabria con la cantidad de 90.270 euros por el valor de las especies de fauna silvestre afectadas. Como compensación del desequilibrio causado en la población de milano real deberá sufragar el seguimiento de las poblaciones invernantes y en época de reproducción en Cantabria en los próximos tres años. El coste de este seguimiento es de 9.500 euros anuales, esto es, un total de 28.500 euros.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2011, cuando técnicos de Medio Ambiente y de la patrulla canina de la Guardia Civil hallaron varios ejemplares de distintas especies en pastos de Las Quintanillas de Valdeolea (Cantabria), entre ellos once milanos reales (Milvus milvus), especie catalogada en peligro de extinción.

Los análisis toxicológicos constataron que los cadáveres que fueron levantados por los agentes contenían un insecticida altamente tóxico.

Investigaciones posteriores determinaron la posible autoría de un ganadero de la zona que habría utilizado el veneno para proteger a los potros y terneros de los eventuales ataques que pudieran sufrir.

Life+ VENENO 

SEO/BirdLife ha ejercido en este caso la acusación particular en aras de lograr una sentencia ejemplar que refleje las consecuencias legales que tiene el uso de esos métodos de control de predadores y disuadir de su uso.

Este es uno de los objetivos específicos que ha tenido el proyecto Life+ VENENO, junto con la colaboración de las administraciones para dotarles de herramientas normativas adecuadas, mejorar la investigación y vigilancia, buscar medidas alternativas y sensibilizar a la población sobre el problema.

Cebos envenenados

A pesar de ser ilegal y no efectivo, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores, así como para el control de plagas agrícolas.

La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos, completamente ineficaz para los objetivos que persigue y un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna.

Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal; además, el veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para las mascotas.