Vista del campamento romano Aquis Querquennis situado a orillas del río Limia en el embalse de As Conchas en Bande (Ourense). EFE/Brais Lorenzo
CONTAMINACIÓN DENUNCIA

Condenan a la Xunta y al Estado por la contaminación del embalse de As Conchas

A Coruña, 11 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, a sanear y mantener el embalse de As Conchas, entre los municipios ourensanos de Lobios y Muíños, tras décadas de vertidos de excrementos procedentes de macrogranjas.

La sala de lo contencioso-administrativo, en una sentencia del 11 de julio divulgada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, declara «la vulneración de los derechos fundamentales, derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad vinculados al disfrute del agua, todos ellos en relación con el derecho al disfrute de un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas».

«Dicha vulneración está provocada por la inactividad de las Administraciones Públicas demandadas (Xunta y Confederación Hidrográfica Miño-Sil), que pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no han sido capaces de poner remedio alguno», continúa la sentencia.

Contaminación agua
Vista de la playa fluvial de O Corgo, en Muiños, afectada por un episodio de contaminación del embalse de As Conchas. EFE/ Brais Lorenzo

Condena «a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno de devolverles el pleno disfrute de los derechos fundamentales cuya tutela se reclama en el presente procedimiento».

También condena a ambas «a adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas a fin de devolverles el pleno disfrute de su derecho humano al agua».

Por otro lado, también obliga a abonar a siete de las personas demandantes la cantidad de mil euros al mes desde la fecha de la reclamación inicial -en 2022- hasta un máximo de 30.000 euros a cada uno; aunque en un caso lo limita a 6.000 euros.

Demanda de varios vecinos

La demanda fue interpuesta por varios vecinos afectados, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la asociación vecinal de As Conchas cuenta con el apoyo de ClientEarth y Amigas de la Tierra, por la situación del embalse en el río Limia, en los municipios ourensanos de Lobios y Muíños.

Según los demandantes, la sentencia «marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales frente a la contaminación de acuíferos ocasionada por la ganadería industrial» y abre el camino «para que comunidades afectadas en toda Europa puedan presentar demandas similares».

Además consideran que el fallo envía «un mensaje claro a las autoridades: tienen el deber legal de actuar cuando la salud pública y el medio ambiente están en riesgo».

Durante el proceso, se ha demostrado la existencia de la contaminación, no solo de nitratos, sino también de toxinas y cianobacterias, así como sus consecuencias en la salud de los vecinos, tras décadas de vertidos de excrementos procedentes de macrogranjas de cerdos y pollos.

El fallo, que no es firme ya que contra él cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal  Supremo, desestima también la demanda frente a los ayuntamientos de Bande, Os Blancos, Tramiras, Lobeiras y Muíños.

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Sentencia histórica

Colectivos ecologistas han calificado s de «histórica» la sentencia. En un comunicado, la plataforma Auga Limpa Xa ha asegurado que este fallo supone «un antes y un después» en la lucha de los colectivos vecinales, ecologistas y comunidad científica contra la contaminación del agua por parte de la ganadería industrial así como «una oportunidad de caminar hacia una solución del problema».

Añade que esa condena supone un reconocimiento del «origen y dimensiones de la contaminación» además de señalar que establece «responsabilidades».

«Las agresiones a nuestro medio no sólo afectan a la fauna, la flora, los suelos o los paisajes, también tienen impactos sobre la salud de las personas», apunta esta asociación y lamenta que las autoridades permitieran un «incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas».

La plataforma subraya que la sentencia apunta a las autoridades por su inacción ante el «empeoramiento de la calidad de las aguas» desde 2011.

Representantes de las asociaciones Amigas de la Tierra y Cliente de la Tierra afirman que este caso abre el camino para que comunidades afectadas en toda Europa puedan presentar demandas similares y exigir justicia y protección a sus autoridades.

«La población de As Conchas lleva años sufriendo la contaminación severa del embalse y del río: problemas de salud sin explicación, brotes severos de cianobacterias, un olor insoportable en el entorno, y todo debido a la contaminación por nitratos y bacterias de sus acuíferos», advierten.

Señalan que esta situación «ha puesto en jaque a los negocios locales y la vida en el municipio se ha hecho totalmente inviable», y lamentan que, «a pesar de las pruebas científicas sobre la contaminación del embalse, las autoridades han seguido ignorando el problema».

Incluso han llegado a «autorizar la celebración de un torneo de piragüismo durante uno de los muchos episodios de proliferación de cianobacterias tóxicas»; advierten las dos organizaciones.

Por su parte, el diputado BNG Iago Tabarés expresa su satisfacción por la sentencia que «da la razón» a los vecinos «en su lucha justa e incansable por la defensa de su derecho a la salud, al acceso al agua potable y a vivir en un medioambiente limpio».

Para el BNG se trata de un fallo «histórico», según Tabarés, que «reconoce la vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas por la contaminación del embalse» ante la «inacción prolongada» de las administraciones y que confirma «la situación límite» de la comarca de A Limia por una gestión «irresponsable y permisiva» de la contaminación.

La sentencia del TSXG «reconoce la existencia de una lesión grave de los derechos fundamentales», prosigue el BNG, quien insta a la adopción de «todas las medidas necesarias para garantizar un abastecimiento de agua seguro, la eliminación de los focos contaminantes y la recuperación ambiental del entorno del embalse», junto a la puesta en marcha de un plan integral de descontaminación de la cuenca.

 

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