En el reciente informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) se afirma que las concentraciones de carbono en la atmósfera han alcanzado niveles sin precedentes en la historia del hombre y el nivel del mar es 19 cm más alto que en 1900. Se advierte que el cambio climático será una gran barrera al desarrollo sostenible y se llama a la acción para limitar el aumento futuro de la temperatura media del planeta a 2Cº (más allá de lo cual los impactos del cambio climático se califican de desastrosos).
Se concretan también las medidas a adoptar para conseguirlo: reducir las emisiones globales del 40-70% con respecto a 2010 en 2050 y dejar de emitir por completo en 2100. En este contexto se ha conocido también el informe “Better Growth Better Climate” presidido por Felipe Calderón (el expresidente de México, que ha contado con la participación del prestigioso economista británico Nicholas Stern). El informe concluye que cualquier país, con independencia de su nivel de renta, puede lograr conciliar los objetivos de crecimiento económico con la lucha contra el cambio climático.
Con estas noticias dio comienzo la cumbre de Lima y terminó, tras dos intensas semanas, el sábado 13 de diciembre, con la aprobación de un documento de escasamente 4 páginas y un anejo de 40 páginas bautizado como “Lima Call for Climate Action” o Llamada de Lima para la Acción Climática. Así mismo, se aprobaron otros 32 documentos técnicos de apoyo en diversas cuestiones.

El “Lima Call” no ha cumplido las expectativas de numerosos grupos de interés (entre ellos los ecologistas) al no haber logrado un acuerdo ambicioso en la lucha contra el cambio climático. Pero lo cierto es que éste no era el principal objetivo de esta cumbre. La cumbre de Lima se gestó en el marco de un largo y tedioso proceso para alcanzar un acuerdo mundial y vinculante para definir la política climática a partir de 2020. En este proceso, la cumbre de Lima no estaba llamada a conseguir grandes acuerdos en objetivos o plazos para la reducción de emisiones sino más bien pretendía lo siguiente:
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Definir las reglas para preparar un documento jurídico de cara a la COP 21 en París.
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Acordar las condiciones para la definición de los conocidos como Intended Nationally Determined Contributions (INDC) o contribuciones que cada país está dispuesto a asumir en término de reducción de emisiones. Fijando para ello métricas comunes, plazos y demás detalles.
Y lo cierto es que la COP 20 ha logrado acuerdos en estas dos materias, acuerdos de mínimos, pero acuerdos al fin y al cabo.
París, legalmente vinculante
Ha definido, por un lado, que el acuerdo a aprobar en París, en diciembre del 2015, sea legalmente vinculante, y se vehiculice a través de un protocolo, un instrumento legal u cualquier otro medio dotado de rango legal, y que sea aplicable a todos los países. Y por el otro, que las INDC, deberán estar disponibles, si es posible, durante el primer cuatrimestre del 2015 de manera clara, transparente y comprensible. Y en cualquier caso con suficiente antelación de la COP 21 de Diciembre 2015. Este punto se complementa con una fecha límite fijada para Octubre 2015.
La fecha límite ha generado cierta desazón entre algunos colectivos al considerar que no deja demasiado margen para la negociación real en París. Pero honestamente, no parece que el proceso negociador deba verse seriamente afectado porque éste plazo se adelante unos meses. Las negociaciones en el marco de las Naciones Unidas deberán ser muy intensas a lo largo del 2015 independientemente de la fecha límite que se maneje.
Un acuerdo legalmente vinculante, ambicioso y en el que participen todos los países del planeta es aún posible y esto es un resultado palpable de la cumbre de Lima. Y no es poco.
Es la primera vez en la historia de la política del Clima que países como EEUU, China o Australia están dispuestos, junto al resto del planeta, a asumir reducciones muy importantes de gases efecto invernadero. Y en esta cuestión, el acuerdo hecho público entre China y los EEUU en Noviembre 2014 ha sido determinante.
En la COP 20, algunos países han puesto importantes trabas a los avances en las negociaciones. Y entre otras dificultades, hemos visto que, en la recta final de las negociaciones de la conocida como ADP (Ad Hoc working group on the Durban Plataform for enhanced action), se filtró el borrador que estaba siendo negociado, obligando al G77 a suspender el proceso por unas horas.
En este marco de obstáculos, el resultado de la cumbre puede ser considerado de aceptable y muy importante de cara a lograr cumplir el objetivo de que la temperatura media del planeta no aumente en más de 2ºC. Han existido además otros logros relevantes en materia de aportaciones al Fondo Verde para el Clima o “Green Climate Fund” (alcanzando la cifra de 10.200 millones de dólares), así como en el aumento de la importancia de los Planes Nacionales de Adaptación, en aspectos relativos a la deforestación, la participación de agentes no estatales (ciudades, empresas, etc.) y la dimensión de género.
En definitiva, no parece que hayamos salido de Lima con las manos vacías; se trata más bien, de un punto de no retorno hacia un acuerdo mundial que debería marcar un cambio de rumbo en la búsqueda de la prosperidad de las naciones.
Ibon Galarraga y Mavi Román (BC3)
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